Intervenciones

SUMARIO

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Han registrado su asistencia 69 señores congresistas. El quórum para esta sesión es de 51 congresistas.
Con el quórum reglamentario, se reanuda la sesión.
Señores, quiero recordarles que las cuestiones previas se plantean sobre algo que se está discutiendo, sobre la procedibilidad del debate, de tal manera que, según la Agenda, lo que corresponde es discutir las modificaciones a la Ley de los delitos aduaneros.

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Bien, señor congresista.
Tiene la palabra el congresista Mufarech Nemy.

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Bien, Presidente.
Como dijo el congresista Chamorro, soy miembro de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, y fui encargado por el presidente de la Comisión de Economía, el congresista Rodrich, de participar en la reunión con la Comisión de Justicia, y así lo hemos hecho, Presidente; además, soy autor de uno de los proyectos.
En la sesión plenaria de la semana pasada, los congresistas Natale Amprimo, Mauricio Mulder y, posteriormente, el congresista Ántero Flores-Aráoz, todos ellos miembros de la Comisión de Justicia, hicieron algunas observaciones e importantes aportes al proyecto de la nueva Ley de los delitos aduaneros, los cuales han sido recogidos e incorporados a un nuevo texto consensuado entre las Comisiones de Economía y de Comercio Exterior y Turismo y por los señores congresistas miembros de la Comisión de Justicia que asistieron a esa reunión.
En la elaboración de este nuevo texto también han participado las congresistas Judith de la Mata y Anel Townsend, así como los congresistas Carlos Almerí, Alcides Chamorro, Jorge del Castillo, José Luis Delgado y Mauricio Mulder, por la Comisión de Justicia, pues ellos también asistieron a las sesiones celebradas el viernes y lunes pasado.
Entre los principales aspectos que se han consensuado podemos mencionar los siguientes:
Se ha mantenido el rango de las penas de todas las figuras delictivas, tal como está establecido en la ley actual, atendiendo la observación del congresista Mulder, quien señalaba que lo establecido en el proyecto era sumamente represivo.
También se ha modificado la forma de penalizar la tentativa, a sugerencia de los congresistas Mulder, Chamorro y Almerí. Ahora se propone penalizarla con la pena mínima legal que corresponda al delito consumado, siguiendo la tendencia de países como México, Costa Rica, Chile, Argentina, entre otros.
Además, el nuevo texto ya no considera la sanción de los casos en los cuales el agente desista voluntariamente de proseguir con los actos de ejecución del delito o impida que se produzca el resultado; aspecto que también fuera observado por los congresistas Mulder y Flores-Aráoz.
En cuanto a la inhabilitación, este nuevo texto remite como pena accesoria al artículo 36.° del Código Penal, que establece sanciones que van desde la suspensión de la función pública, en el rango de cinco a ocho años, hasta la privación de los grados militares y policiales. Este punto también ha sido modificado a solicitud del congresista Flores-Aráoz.
Asimismo, se ha retirado la posibilidad de que el agente para los delitos aduaneros sea un magistrado o auxiliar jurisdiccional, en cuanto retarden, dificulten o varíen la tipificación de estos delitos, ya que estas acciones están contempladas en otras figuras delictivas. También se ha realizado esta modificación a sugerencia del congresista Flores-Aráoz. Pero esperamos los cambios de actitud de parte de todas las autoridades, especialmente aduaneras, policiales y judiciales.
También se ha uniformizado en todo el texto la utilización de la denominación “administración aduanera”, para referirse a la Sunad, a la Aduana o a la autoridad aduanera, con la finalidad de que haya una mejor comprensión.
Para darle mayor celeridad a estos procedimientos se establece que estos delitos sean tramitados por la vía del proceso sumario, a fin de evitar que por el paso del tiempo, como sucede en la actualidad, se pierdan o se deterioren o se roben las mercancías incautadas o sus accesorios o partes, en perjuicio del país. Esta propuesta es personal, señor Presidente, y la formulo por las experiencias que hemos vivido en el pasado.
Del mismo modo, se ha consensuado la participación de las Fuerzas Armadas sólo como colaboradores, en la forma y proporcionalidad que el caso amerite y cuando la capacidad de respuesta de la administración aduanera resulte insuficiente para la represión de estos delitos.
Con respecto a la constitucionalidad de la participación de las Fuerzas Armadas, que también ha sido objetada por algunos congresistas, debo precisar que esta propuesta ha sido formulada por el Poder Ejecutivo; y no hay que olvidar que en las zonas de frontera, en especial en las del sur del país, los contrabandistas irrumpen con contingentes armados, denominados “convoyes” o “culebras de camiones”, incluso con armas de guerra que están prohibidas, lo cual impide que la Policía Nacional, y menos aún el personal de los puestos aduaneros, realice un control efectivo.
Todos sabemos que la tenencia y uso de armamento de guerra está prohibida, sin embargo, esos delincuentes las usan libremente para repeler o intimidar cualquier reacción de la Policía Nacional. En este nuevo texto se señala que las Fuerzas Armadas prestarán colaboración en forma proporcional y de acuerdo con la gravedad del caso, y bajo responsabilidad. No se establece que esta participación sea permanente, sino excepcional, cuando las posibilidades de respuesta de la Aduana y de la Policía no sean suficientes. Además, la participación de las Fuerzas Armadas se realizará sólo a petición de la autoridad aduanera, no habrá discrecionalidad de acción.
El artículo 165.° de la Constitución establece que las Fuerzas Armadas tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Entonces, la norma constitucional no establece que estas facultades sean exclusivas, sino primordiales, principales, entre otras que la ley asigne. Por eso consideramos que no hay ninguna incompatibilidad de naturaleza constitucional, como se ha expresado alguna vez.
Por último, debo manifestar que afortunadamente regresé ayer al Congreso, aproximadamente a las nueve y veinte de la noche, a su solicitud, señor Presidente, porque la Sociedad Nacional de Industrias envió, a través de su presidente, un documento en el que solicitaba que sea destruida directamente la mercancía de importación prohibida o restringida y las sujetas al pago del impuesto selectivo al consumo, tales como las gaseosas, cervezas, licores, cigarrillos, combustibles y otros.
Por ello propongo al presidente de la Comisión de Economía que el literal d) del artículo 28.° quede redactado de la siguiente manera:
“d) La mercancía de importación prohibida o restringida, las que atenten contra la salud, el medio ambiente, los derechos de autor y de propiedad intelectual, las sujetas al pago del impuesto selectivo al consumo, las que queden sin ofertas en la última subasta y los productos sensibles que la administración aduanera determine, por afectar la recaudación tributaria, a la industria nacional y al importador formal, serán destruidas directamente”.
Por lo expuesto, considero que este nuevo texto se encuentra expedito para ser puesto a consideración del Pleno del Congreso.
Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Tiene un minuto, congresista Mufarech Nemy.

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Sólo un minuto, Presidente.
Ese tema ha sido debidamente discutido durante muchos meses con el mismo personal de Aduanas, Presidente. El Ejecutivo no ha contemplado esa posibilidad, y ningún país del mundo saca su mercadería a remate internacional. Eso nos llevaría a organizarla por primera vez en el mundo, porque no es rutina hacer este tipo de remates.
Se había contemplado que el producto sea rematado al cincuenta por ciento del precio base, pero eso no quiere decir que sea adjudicado por ese precio. Además, en ese remate no van a participar los contrabandistas, sino las empresas formales que estarían siendo afectadas y que están debidamente inscritas en la Sunat. Es justamente todo lo contrario, es para beneficiar, Presidente.
Pero van a quedar muy pocos productos para remate, porque a solicitud de la Sociedad Nacional de Industrias se ha considerado establecer en un artículo del proyecto la adjudicación de varios productos. Además, no se puede destruir un automóvil, por ejemplo, el precio base del remate va a ser el cincuenta por ciento del valor determinado por la administración aduanera, y van a pujar hasta llegar al precio que quieran pagar.
Voy leer el artículo 30.° del proyecto, Presidente:
“Artículo 30.°.— Adjudicación de bienes
La Administración Aduanera adjudicará directamente, dando cuenta al fiscal o juez penal que conoce la causa, los siguientes bienes:
a. Todos los productos comestibles del Programa Nacional de Apoyo Alimentario, previa constatación de su estado por la autoridad competente.
b. Todos los productos farmacéuticos para uso humano, así como los insumos, instrumental y equipo de uso médico u odontológico, al Ministerio de Salud.
c. Todos los productos de uso veterinario, al Ministerio de Agricultura.
d. Todos los equipos y material de uso educativo, al Ministerio de Educación para ser distribuidos a los centros estatales a nivel nacional.”
Además, si consideramos que hemos incorporado las mercancías de importación prohibida o restringida, las que atentan contra la salud, el medio ambiente, los derechos de autor y de propiedad intelectual, así como las sujetas al pago de impuesto selectivo al consumo, las que queden sin ofertas en la última subasta y los productos sensibles a la administración aduanera, yo creo que hemos reunido prácticamente todos los productos.

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Tiene la palabra el congresista Mufarech Nemy.

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Presidente: Estoy totalmente de acuerdo con el colega Zumaeta Flores, quien ha planteado que sólo debemos discutir los puntos sobre los cuales hay discrepancias.
Éste es un proyecto que viene del Ejecutivo, y como dice el colega Zumaeta Flores, ya tiene dos años aquí, lo hemos entrampado todos nosotros. Y así como en el tema de Telefónica se ha dicho que están haciendo lobby, en este caso parece que estuvieran haciendo lobby los contrabandistas, Presidente.

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Congresista Mufarech, yo preferiría, interpretando a la Sala, que cuando algún congresista piense distinto, no creamos nosotros que es por un determinado interés, porque los congresistas tienen el derecho de pensar diferente, sin que nosotros mismos podamos sospechar de nadie.
Entonces, le pido que retire esa frase para que no haya ninguna interrupción.

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Está retirada, Presidente; no hay ningún inconveniente.

El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).— Ha sido retirada.
Puede continuar, congresista Mufarech.

El señor MUFARECH NEMY (PP).— Yo soy testigo de que la colega Judith de la Mata ha estado en la Comisión de Justicia, donde en lugar de asistir catorce congresistas sólo estábamos tres o cuatro, Presidente. Hemos estado allí el viernes y el lunes, pero no hemos podido sesionar por falta de quórum. El texto del proyecto que se iba a aprobar en la Comisión de Justicia es exactamente igual al consensuado, en el que se ha cedido en muchos puntos.
Con respecto a lo manifestado por el colega Villanueva Núñez, sobre receptación aduanera, quiero decirles que en este proyecto se ha reducido de cuatro Unidades Impositivas Tributarias —aproximadamente 4 mil dólares— a dos Unidades Impositivas Tributarias. Es decir que si una persona ingresa mercancía ilegal por un valor menor a los 2 mil dólares, aproximadamente, no va a la cárcel, la sanción es administrativa, colega Villanueva. Más bien con referencia al ejemplo de la gallina que usted había mencionado, esta gallina tendría que valer más de 2 mil dólares, y no conocemos una de ese valor.
Finalmente, con relación a que si se agrava la pena o no, quiero decirle que se ha señalado sanciones de ocho a doce años para aquellos que incurran en las circunstancias agravantes que se señalan en este proyecto. Se trata de sancionar arriba de los 2 mil dólares, aproximadamente.
Gracias, señor Presidente.