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DIARIO DE LOS DEBATES
SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA
DE 2002
8.ª A SESIÓN
(Matinal)
MIÉRCOLES 2 DE ABRIL DE 2003
PRESIDENCIA DEL SEÑOR CARLOS FERRERO
SUMARIO
El señor PRESIDENTE (Carlos Ferrero).—
Tiene la palabra el congresista Mufarech Nemy.
El señor MUFARECH NEMY (PP).—
Presidente: Quiero, y creo que es mi obligación,
hacer un comentario, en vista de que he conversado con
el doctor Bustamante Belaúnde, a quien acabo
de conocer, para preguntarle sobre un documento que
tengo en mi poder y sobre un comentario que se hizo
y que consta en las declaraciones secretas que recién
ayer he tenido oportunidad de ver hasta las 4 de la
mañana de hoy día. Anoche usted ordenó
que me entreguen ese documento, que no voy a mostrar;
pero voy a hacer mención de algunos aspectos,
que van a enriquecer esta materia, porque las cosas
deben quedar claras.
Le he preguntado al ex Ministro de Justicia doctor Bustamante
Belaúnde si tenía conocimiento de este
documento en el que el doctor Ugaz Sánchez-Moreno
le comunica a Alfredo Paino de una coordinación
con el Ministro Bustamante Belaúnde para llevar
las maletas. Esto se hace por gestión del doctor
Ugaz Sánchez-Moreno, y pido que se reparta adicionalmente
este documento a todos los miembros del Congreso; porque
acá se está hablando solamente de la intervención,
cuando son dos situaciones que hay que aclarar, y en
ese sentido debe quedar constancia de la pre y de la
post intervención. La pre intervención
se hace a solicitud del doctor Ugaz Sánchez-Moreno,
y tengo el documento —cuya distribución
a todos los señores congresistas voy a pedir
también— firmado por él, donde solicita
allanamiento, registro e incautación de bienes
delictivos.
¿Qué dice el señor José
Ugaz Sánchez-Moreno? “Procurador Público
ad hoc en representación de la defensa de los
derechos e intereses del Estado, nombrado por Resoluciones
Ministeriales Núms. 240 y 241 del 4 de noviembre
del 2000, a usted atentamente digo (una serie de cosas);
y solicito a usted que disponga las medidas restrictivas
respectivas, que deben ser ejecutadas por la policía,
artículo 52.°, de allanamiento y registro
de los inmuebles que a continuación se detallan,
así como la incautación de los bienes”.
Son cuatro propiedades, y la cuarta es de Vladimiro
Montesinos, sita en Javier Prado Oeste 1995, departamentos
1201 y 501; fecha 6 de noviembre del año 2000.
Pero ahí no queda la cosa. ¿Qué
le dice el juez? El juez le dice: “Díctese
orden de allanamiento —todo esto se hizo el mismo
día y, por las pruebas que tengo, fue dirigido
directamente por Fujimori— bajo responsabilidad
del señor Procurador Público peticionante
de los siguientes inmuebles y titulares —y entre
ellos—, el sito en la avenida Javier Prado 1995,
departamentos 1201 y 501, con intervención del
Ministerio Público para garantizar la legalidad
del acto”.
No fue un fiscal, sino un seudo fiscal, un hombre cercano
a Fujimori quien hace de fiscal; y este es el documento
en que el juez le ordena, a pedido del doctor Ugaz Sánchez-Moreno,
intervenir y allanar los inmuebles, y donde le dice:
“Sí, lo autorizo bajo su responsabilidad”.
Esa declaración está en este informe secreto
que he recibido anoche y que hemos terminado de examinar
a las 4 de la mañana. Inmediatamente se hace
la intervención, incautándose maletas
y cajas en número de 130, los mismos que son
llevados al Grupo Aéreo N.° 8 e introducidos
directamente a la habitación de una casa donde
se hospedaba Fujimori en algunas oportunidades. Este
se reunió ahí con Víctor Aritomi,
siendo ambos las únicas dos personas que estaban
en ese lugar, según manifiestan los edecanes
que fueron allá.
Lo más delicado son unas declaraciones que constan
en este expediente secreto acerca de una conversación;
y yo le acabo de preguntar al ex ministro Bustamante
Belaúnde si es cierto lo que dice el general
que es nombrado el mismo día Director General
de la Policía; un general que, hasta donde tenemos
entendido por las declaraciones, no tenía nada
que ver en el asunto; es un hombre del código
3, Guardia República, al que hacen Director General
de la Policía para fraguar y armar esta intervención
en la casa de Montesinos.
¿Qué dice el general? Que él escuchó
al ex presidente Fujimori hablar con el ex ministro
Bustamante Belaúnde acerca de los acuerdos relativos
a la negociación con el doctor Ugaz Sánchez-Moreno
sobre la investigación a Montesinos, y decirle
que había que evitar la contratación o
que había que cancelar el contrato del procurador
Ugaz Sánchez-Moreno porque era muy caro y estaba
pidiendo mucho dinero: 600 mil dólares más
50 mil dólares mensuales, más el 3% de
comisión por todo lo que se recaude.
Le he preguntado hoy al ex ministro Bustamante Belaúnde
sobre los 600 mil dólares; y me ha confirmado
que, efectivamente, el ex presidente Fujimori le dijo
que estaba cobrando mucho dinero, ya que quería
600 mil dólares más 50 mil dólares
mensuales más 3% de comisión. Me ha dicho
que no se acuerda exactamente en cuanto se transó,
pero que el ex presidente Fujimori estaba dispuesto
solamente a darle 2% de comisión por todo lo
que se recaudara.
Esto se agrava con un documento post intervención,
porque acá se habla de que las maletas estuvieron
en Palacio de Gobierno durante los seis días;
y no es así, Presidente. Las maletas —que
son muy grandes— y los bultos, en número
de 130, estuvieron en el Grupo Aéreo N.°
8; y hay, incluso, declaraciones de gente que ha visto
llevar allí videograbadoras, por lo que habría
la posibilidad de que muchos de esos casetes han sido
regrabados en el Grupo Aéreo N.º 8. Posteriormente
fueron llevados a Palacio de Gobierno, donde se hizo
la exhibición. Sin embargo, nunca se nos dijo
que el número de maletas y bultos era de 130.
El hecho es que en Palacio de Gobierno y en el Grupo
Aéreo N.º 8, esos bultos y maletas han estado
cuatro días. Lo que no dice el informe es que
posteriormente van a la notaría Paino y se quedan
ahí tres días. Pero el notario no podía
recibir algo que no tenía un acta y que no había
sido materia de una intervención con presencia
de un fiscal, es decir, que no estaba validada la intervención;
además de que un notario no está autorizado.
Tendría que haber sido un juez o un fiscal de
turno. Pero este caso es más grave: acá
hay un documento firmado por el doctor José Carlos
Ugaz Sánchez-Moreno, Procuraduría Ad Hoc
del Estado, que voy a repartir a todos los colegas.
Señor Presidente, me solicitan una interrupción.
Efectivamente, ese documento que confirma la negociación
que tuvo el doctor Ugaz Sánchez-Moreno con la
notaría Paino lo tengo acá y lo voy a
leer, porque es importante. Con esto completaría
las dos anotaciones que deseo que se incluyan en el
informe. Lo dirige el doctor José Carlos Ugaz
Sánchez-Moreno al doctor Alfredo Paino Scarpati,
y dice:
“De mi consideración,
En respuesta a su solicitud de fecha 12 de los corrientes
—esto lo dice el 13 de marzo, cuatro meses después
de la intervención en que se incautan las maletas—,
cumplo con informarle que el día viernes 10 de
noviembre de 2000 recibí la llamada del entonces
Ministro de Justicia, Alberto Bustamante Belaúnde,
quien me informó que luego de realizado el allanamiento
en el inmueble del inculpado Vladimiro Montesinos en
San Isidro —entre paréntesis dice: (en
la que la procuraduría no tuvo ninguna participación),
lo que, aclaro, es falso porque él la solicitó
y fue autorizado por el juez—, los bienes incautados
por orden del presidente Fujimori no fueron puestos
a disposición del juzgado conforme a ley.
Me comunicó el ministro que al haber intentado
remitir dichos bienes al juzgado, el juez se había
negado a recibirlos por lo avanzado de la hora —pero
un juez no puede negarse a recibir cualquier cosa—,
motivo por el cual me solicitó interceder ante
el magistrado a fin de que acceda a su recepción.
Al comunicarme con el doctor Jorge Vargas Infante, este
ratificó su negativa, señalándome
que en todo caso los mismos deberían ser puestos
a disposición del juzgado el día lunes.
Ante esta situación, convine con el señor
ministro a fin de cautelar adecuadamente los bienes
incautados. Lo prudente era internarlos durante el fin
de semana en alguna bóveda o depósito
oficial, previa certificación de un notario público
para evitar cualquier manipulación ilegal adicional
a la que ya hubiera podido haber sufrido fuera del ámbito
judicial, debiendo entregarlos a la autoridad jurisdiccional
el lunes a primera hora.
Luego de esta conversación no tuve más
noticias de lo actuado por el ministro Bustamante, hasta
que tomé conocimiento, por la prensa, de que
efectivamente había procedido a consignar los
bienes en su notaría. Resulta evidente que la
irregularidad consistió —lo reconoce—
en no entregar los bienes incautados al juzgado, siendo
más bien que el depósito notarial tuvo
por única finalidad evitar nuevas irregularidades.”
Acá, el doctor Ugaz Sánchez-Moreno está
legalizando todo y reconociendo que hubo irregularidades.
Él no podía tramitar, como procurador,
bienes incautados provenientes de una intervención
ilegal, que tenían que haber sido puestos solamente
a disposición del juez de turno o del fiscal
de turno; no podía, pues, llevarlos a una notaría.
Y de alguna manera queda la sospecha de que se produjo
lo mismo que ocurrió en el Grupo Aéreo
N.º 8 o en Palacio de Gobierno; porque, ¿quién
nos garantiza a nosotros la actitud del doctor Paino,
cuando sabemos que él ha participado en casi
todas las operaciones en que ha habido hechos irregulares
del doctor Ugaz Sánchez-Moreno, cuando él
defendía al Estado, con su estudio de abogados,
en que uno de ellos es hoy día procurador, y
salía al frente ayer, en un medio de comunicación,
y hoy día era el defensor del acusado por el
Estado? Y, además, tengo en mi poder documentos
que prueban dónde se depositó la cuenta
de 29 mil dólares, dinero ilegal que recibió
de Fujimori, a nombre no solamente del doctor Ugaz Sánchez-Moreno,
ya que también está el nombre del procurador
Vargas Valdivia.
Adicionalmente, tengo documentos, y esto como información,
que prueban que el procurador Vargas Valdivia hizo contrato
con el Estado. Firmó con José Dellepiane,
y obran en mi poder documentos sobre los miles de dólares
que le cobró; e inclusive el doctor Ugaz Sánchez-Moreno
también cobró para hacer los estatutos
de la reforma y la investigación al interior
del Poder Judicial, que hoy día critica. Yo pido,
Presidente, que todos estos procuradores sean cesados
inmediatamente.
Ante todas estas evidencias, se necesita recomponer
y cambiar el destino del país. No podemos dejar
que continúe la mafia y la corrupción
de Fujimori y Montesinos y toda esa gente que sigue
encubriendo. Yo defiendo la lucha contra la corrupción,
y en ese sentido creo que los jueces y fiscales anticorrupción
deben tener todo nuestro respaldo; merecen, pues, nuestro
apoyo el Presidente de la Corte Suprema y la Fiscal
de la Nación. De ahí mi pedido para que
cesen los cargos de esos procuradores, que están
comprendidos en una serie de denuncias que se van a
poner en conocimiento de la Comisión de Fiscalización.
Para terminar, solicito que en el inciso b) del numeral
5) del punto 4.1) del informe, se agregue que la orden
de allanamiento fue de exclusiva responsabilidad del
doctor Ugaz Sánchez-Moreno; y que en el inciso
h) se diga que los supuestos bienes incautados permanecen
en poder de Fujimori del 7 al 10 de noviembre de 2000,
y en la notaría Paino del 10 al 13 del mismo
mes. Con ello queda claro que no estuvieron una semana
con Fujimori, sino cuatro días, en el Grupo Aéreo
N.º 8 primero y después en Palacio de Gobierno;
y posteriormente, tres días y medio en la notaría
Paino, con una gestión irregular, porque no había
intervenido un fiscal.
Eso es todo por ahora, Presidente.
Gracias.
El señor MUFARECH NEMY
(PP).— Así es, Presidente.
Considero que el congresista Rafael Rey no ha hecho
sino confirmar lo que ha venido haciendo desde la época
en que estaba sentado permanentemente al lado del entonces
Presidente del Congreso, señor Yoshiyama, y he
estado presente cuando le decía qué es
lo que tenía que decir en el Pleno. Se ríe,
porque sabe que es verdad, y se va a tener que seguir
riendo.
Presidente, creo que lo que he dicho es mucho más
serio que las cosas que puede decir esa persona.
Gracias.
El señor PRESIDENTE
(Carlos Ferrero).— Señores congresistas,
hechas las coordinaciones respectivas, la Presidencia
comunica que el congresista Carrasco Távara no
va a insistir en su cuestión previa acerca de
la presencia del señor Alvarado Dodero en el
Pleno.
Por otro lado, hay el ofrecimiento
de los congresistas Almerí Veramendi y Amprimo
Plá de entregar el documento escrito según
el cual la Subcomisión formada por ellos en mayoría
delega en ambos la sustentación del informe,
lo que se hará antes de terminar esta sesión.
Muchas gracias.
Ha pedido la palabra el señor
Mufarech Nemy, a quien le invocamos lo que ya hemos
dicho, en el sentido de centrarse en el tema de fondo,
que es la acusación constitucional y los cargos
que se han formulado contra los acusados, pidiéndole
tener en cuenta que lo que estamos debatiendo es el
informe presentado por los señores Almerí
Veramendi y Amprimo Plá.
Puede hacer uso de la palabra, congresista
Mufarech Nemy.
El señor MUFARECH NEMY
(PP).— Presidente: No podía dejar
de decir lo que había conversado con el ex ministro
Bustamante Belaúnde, que me confirma que no conocía
ese documento de Paino y reconoce que sí hubo
una negociación en que el señor Ugaz Sánchez-Moreno
pedía 600 mil dólares, más 50 mil
dólares mensuales, más 3% de todo lo que
se recuperaba.
No voy a hacer mención a lo
que han dicho dos congresistas —uno de ellos de
mi bancada—, que han expresado dos barbaridades;
lamentablemente no conocen el tema, y así lo
entiendo.
Quiero decirle a la congresista De
la Mata de Puente que vengo presentando toda la documentación
a la Comisión de Fiscalización, y que
en el caso de los procuradores al que me he referido,
mi pedido es que sean cesados no todos, sino aquellos
que están vinculados a la red de corrupción.
En ese sentido, debe investigarse y confirmarse esos
hechos. Tengo documentos del Poder Judicial en los que
se constata que el señor Luis Vargas Valdivia
recibió dinero del Poder Judicial en la época
que estaba, y con contrato, José Dellepiane;
y lo mismo el doctor César Azabache.
Por si acaso, todos los pagos se hacían
a través del PNUD, y se trata de documentos oficiales.
En el caso del doctor José Ugaz
Sánchez-Moreno, en un documento que dirige al
Presidente de la Comisión Ejecutiva del Poder
Judicial, José Dellepiane, el 31 de enero de
1997, mientras era procurador, le dice: Convenimos en
brindar nuestros servicios profesionales para la creación
de la asociación contra la corrupción
en el Poder Judicial. La propuesta era integral y consistía
en la elaboración del proyecto y su puesta en
marcha, lo que implicaría no solo el desarrollo
del modelo teórico, sino la asesoría para
la constitución de sus órganos directivos
y ejecutivos y de la estructura funcional que permitiera
el desarrollo de los planes diseñados.
Presidente, ¿puede un procurador
del Estado decirle esto a la Comisión Ejecutiva
del Poder Judicial? No solamente iba a hacer los estatutos,
sino a implementar todo este proceso.
Era todo lo que quería decirle,
colega De la Mata.
Muchas gracias.
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