Documentos sobre la Convención

En la Casa Belén de Lima, a los 6 días del mes de noviembre del año 2005, los suscritos:

Líderes con discapacidad, de las organizaciones de personas con discapacidad y de sus familiares, de las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de las personas con discapacidad; autoridades y funcionarios públicos del gobierno central y de los gobiernos locales y regionales de todo el país, participantes todos del Taller de Liderazgo en Discapacidad, organizado por la Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad del Congreso de la República,

Que la discapacidad afecta al 13.08% de la población peruana, alcanzando a un aproximado de 3.5 millones de personas.
Que la mayor parte de esta población vive en situación de pobreza y pobreza extrema, sin acceso a los servicios básicos: menos del 5% de personas con discapacidad en edad escolar acude a la escuela; 81.19% de las personas con discapacidad nunca ha recibido rehabilitación; solo 2.25% de personas con discapacidad en edad de trabajar está adecuadamente empleada;
Que debido a la extendida ignorancia, prejuicio y discriminación de la sociedad, las personas con discapacidad se encuentran severamente impedidas de participar en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos en las diversas formas de la vida económica, política y social;
Que las políticas, planes y proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad – especialmente el Plan de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad -, deben reformularse, definiendo objetivos estratégicos, enfatizando en el logro de resultados, e incorporando mecanismos de participación de las organizaciones de personas con discapacidad;
Que urge impulsar el planeamiento inclusivo como una herramienta que incluya la perspectiva de discapacidad en las políticas, programas y acciones desarrolladas por el Estado y por la cooperación internacional;
Que resulta indispensable promover y fortalecer las capacidades de las personas con discapacidad, sus familiares y sus organizaciones, para que puedan diseñar, gestionar y evaluar proyectos de desarrollo, así como participar activamente, en la toma de decisiones que les concierne;
Que urge que los peruanos con discapacidad trabajen en forma unitaria y descentralizada por la unificación y fortalecimiento de las organizaciones, así como en la construcción de alianzas y redes con otros actores sociales;
Que existen experiencias en diversas regiones del país, que han impactado positivamente en mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad y que requieren ser conocidas ampliamente;
Que existen normas nacionales e internacionales que garantizan los derechos de las personas con discapacidad, suscritos por el Perú, que deben difundirse y respetarse;

a los lideres de los partidos políticos, a incorporar en sus planes de gobierno, la perspectiva de discapacidad, tomando como asesores en el tema a las propias personas con discapacidad o sus familiares; y a incluir personas con discapacidad en sus listas de candidatos al Congreso, gobiernos regionales y gobiernos locales.
al Presidente de la Republica y su Consejo de Ministros, para que
asignen el presupuesto necesario para cumplir con lo señalado en la Ley 27050, de manera que sea realmente un instrumento de protección, promoción y desarrollo de las personas con discapacidad y sus familias;
reformulen el Plan de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, promoviendo políticas públicas con presupuesto, indicadores claros y responsabilidades asignadas;

al Presidente del Congreso de la Republica, a mantener una Comisión especialmente dedicada a trabajar el tema de discapacidad, pues ha quedado demostrado que un equipo pequeño dedicado en exclusividad al tema, puede lograr cambios sustantivos en beneficio de este colectivo tradicionalmente excluido y marginado, promoviendo sus derechos y fiscalizando las labores del Ejecutivo respecto de las normas legales que los protegen;
a los actuales y futuros legisladores, para que promuevan iniciativas legislativas a favor de las personas con discapacidad;
al CONADIS y la Defensoría del Pueblo, a supervisar el cumplimiento de las normas legales que nos favorecen, exigiendo el cumplimiento de la creación de las Oficinas regionales y municipales de atención a personas con discapacidad, así como de la Oficina de Promoción Laboral en el Ministerio de Trabajo y Promoción Laboral;
a los medios de comunicación, para que den a conocer las condiciones de vida de las personas con discapacidad, nuestras dificultades y nuestros logros, desde una perspectiva de derechos y sin afectar nuestra dignidad humana;
a los lideres de las organizaciones de personas con discapacidad y de sus familiares, a trabajar unitaria y concertadamente en la vigilancia de nuestros derechos.

Recabar información estadística y socioeconómica sobre las personas con discapacidad, de manera permanente, utilizando para ello tanto el Censo Nacional como las encuestas sectoriales; la encuesta anual continua y las diferentes estadísticas que se administran desde el sector público y privado;
Incluir la perspectiva de discapacidad en los planes estratégicos sectoriales – en especial en las áreas de educación, salud, trabajo, transporte y vivienda – de manera descentralizada, con un enfoque de desarrollo social y atendiendo la población de zonas rurales;
Descentralizar los servicios de rehabilitación y atención de salud mental, dando prioridad a las acciones de prevención de discapacidad, promoción de la salud y desarrollo de habilidades que permitan el acceso a una educación de calidad y a ingresos económicos dignos;
Brindar créditos para las iniciativas empresariales de las personas con discapacidad, sus familiares y organizaciones, así como capacitación en gestión, administración, manejo contable, marketing e identificación de mercados, creando además un Banco de Proyectos que permita financiar las mejores propuestas presentadas por las personas con discapacidad;
Cerrar las brechas de la exclusión educativa a través de una Cruzada Nacional por una Educación para Todos sin Exclusión, que se enmarque dentro de los lineamientos de la Década de la Educación Inclusiva 2003-2012 y que incluya los programas de intervención temprana tanto en el ámbito urbano como rural con un enfoque de rehabilitación basada en la comunidad;
Desarrollar maneras de atención a las personas con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema, procurándoles facilidades para su incorporación al sistema nacional de salud y de seguridad social;
Otorgar al Conadis el presupuesto que requiere para cumplir de manera eficaz y eficiente con las funciones asignadas por ley;
Brindar capacitación y recursos a las personas con discapacidad, sus familiares y organizaciones, de manera que puedan incluirse social y económicamente, incidir en la toma de decisiones de temas que les competa, y ser parte activa de la sociedad desenvolviéndose con equidad e igualdad de oportunidades;
Fomentar el apoyo de la cooperación internacional para lograr el canje de deuda por proyectos de desarrollo para personas con discapacidad, y otorgar asimismo becas de estudio, pasantías, apoyos biomecánicos y tecnológicos, entre otras acciones
Premiar las mejores iniciativas públicas y privadas que hayan tenido un impacto positivo en las condiciones de vida de las personas con discapacidad.

MANIFIESTO DE LIMA