Aportes del Señor Marco Antonio Huaco Palomino

Cuadro Resumen de propuestas constitucionales sobre

Libertad Religiosa y Relaciones Iglesia-Estado

Por un Estado laico y plena libertad religiosa en el Perú

Fundamento de las propuestas constitucionales sobre

Libertad Religiosa y Relaciones Iglesia-Estado

Por un Estado laico y plena libertad religiosa en el PerúNota.- Presentamos aquí de manera muy breve y concisa el fundamento de las propuestas hechas conocedores del poco tiempo disponible en la recargada agenda de los Representantes al Congreso que conspira contra el ahondamiento en abundantes consideraciones. No obstante informamos que estos mismos fundamentos serán expuestos in extenso a través de la prensa escrita.

Propuesta No.1, Preámbulo de la Constitución.

Nosotros, los representantes del Congreso de la República en ejercicio de la potestad soberana que el pueblo nos ha conferido para reformar total o parcialmente la Constitución, fundados en los valores universales del ser humano, y como;

• Las invocaciones confesionales constituyen una continua tradición constitucional peruana. Pero las invocaciones confesionales en los Preámbulos no han hecho más que reflejar los diferentes grados de confesionalidad que ostentó el Estado peruano en los diferentes momentos de su historia.



• ¿Qué razones existen hoy para la continuidad de esta tradición constitucional?. Durante el debate constitucional de 1993 esta invocación se basó en: las creencias religiosas católicas de los constituyentes, que la mayoría de peruanos cree en Dios, que se trata más una tradición cultural que de una declaración estatal de creencias; argumentos todos ellos que violan el principio de aconfesionalidad del Estado y de que éste no puede tener opinión ni creencias religiosas. La invocación a Dios en el Preámbulo no es meramente una fórmula tradicional de valor sociológico, sino la expresión de un valor jurídico: la confesionalidad estatal. Y siendo un valor jurídico, es posible que de él ciertos abogados partidarios de la confesionalidad del Estado logren deducir tratos preferenciales para ciudadanos creyentes en perjuicio de ciudadanos no creyentes, colisionando con el principio de igualdad.



• Abstenerse de hacer invocaciones religiosas no necesariamente es condenar a la solitaria extravagancia a nuestro Preámbulo constitucional pues existen muchos países de respetable tradición democrática que tampoco lo hacen. Tratándose de España e Italia en los que estuvo planteada una "cuestión religiosa" que los enfrentó al desafío político de abandonar decididamente el régimen de confesionalidad estatal de manera progresiva, su política de no hacer invocaciones confesionales en la Constitución es muy notable. Creemos que dicho ejemplo debería ser seguido en un país de similar tradición católica como el Perú y que también necesita adoptar un pleno régimen de independencia frente a la Iglesia en general, "desconfesionalizando" la inspiración filosófica y jurídica del Preámbulo de un texto constitucional que será la ley máxima de todos los peruanos y no sólo de una mayoría.



• De manera paradójica inclusive, es muy posible que para algunos creyentes cristianos –como en el caso de quien suscribe- la mención de Dios en el Preámbulo sea considerada una impropia apelación a la religión por parte de un texto jurídico. Los propios legisladores de oposición del CCD de 1993 ya se expresaron en este sentido.



• Por todo lo anterior se propone que el Preámbulo de la nueva Constitución no promueva ninguna doctrina religiosa por la vía de afirmar doctrinas sobre Dios, dioses, deidades o personalidades religiosas (salvo que en cuanto personalidades históricas hayan aportado a las causas cívicas que han elevado a nuestra Nación), ni a nivel genérico ni específicamente cristiano, sino que se base exclusivamente en los postulados de la filosofía política y jurídica laica y de contenido democrático que ha dado origen y fundamenta al Constitucionalismo moderno de los países occidentales y libres.

Propuesta No.2, Preámbulo de la Constitución.

(...)

"RESUELTOS a promover una sociedad justa, libre y solidaria, sin explotados ni explotadores, exenta de toda exclusión económica, social, religiosa, étnica, sexual, cultural o de cualquier otra índole; donde la economía y el derecho estén al servicio de la persona humana, asegurándole el bienestar económico y seguridad jurídica; y la construcción de la ciudadanía y de la democracia participativa sea responsabilidad fundamental de los partidos políticos.

(...)

• La exclusión religiosa es una lamentable realidad que aún se vive en el Perú de hoy. Quien dude de ello puede abrir las puertas de su despacho y convocar a quienes la hayan experimentado para constatar que no se trata de casos aislados y que la magnitud de este grave problema social no es poca.



• Debido a la subsistencia de la intolerancia religiosa, es indispensable que el Preámbulo expresamente la descarte como una manera de enfatizar su posición. Así como ha incorporado el rechazo de la exclusión sexual en evidente reconocimiento de los derechos de los homosexuales a no ser discriminados, es menester que se mencione específicamente el rechazo a la exclusión religiosa.

Propuesta No.3, Título Preliminar; y Propuesta No.4, Definición del Estado y la Nación.

Artículo III.- El Perú es un Estado soberano, laico, independiente, unitario e indivisible, cuya realidad social es plural en lo étnico, lo religioso y lo cultural.

Artículo 43.- La República del Perú es democrática y social, independiente y soberana.

Su Estado es laico, unitario e indivisible. Está organizado bajo la forma de República democrática y representativa. Promueve la justicia social y la participación ciudadana según ley. Su sistema de gobierno se basa en el principio de separación de poderes, la representación, el pluralismo y la descentralización.

• El título preliminar de la Constitución omite caracterizar a nuestro Estado como laico, un rasgo que le es esencial como Estado libre. "Una Iglesia libre en un Estado libre" debe ser una fórmula práctica también en beneficio del Estado y no sólo en beneficio de la Iglesia. La declaración de que el Estado es laico así lo patentizaría. Desde la Constitución de 1979 se ha creído míticamente que el Estado es laico, pero jamás la Constitución lo ha afirmado explícitamente ni la legislación ordinaria lo ha demostrado; es más, lo ha negado abiertamente consagrando un régimen semi-confesional en el que ministros religiosos de la iglesia mayoritaria son pagados con dinero del Estado y sólo una religión es enseñada con carácter oficial en las escuelas estatales por poner sólo algunos ejemplos.



• La laicidad implica la no confesionalidad, la neutralidad del Estado en asuntos religiosos, el abstenerse de promover determinadas creencias y prácticas religiosas y el abstenerse de preferir a unos ciudadanos por encima de otros en razón de sus creencias religiosas. La laicidad no debe confundirse con laicismo, que son términos parecidos pero de sentidos opuestos. El laicismo está representado por una tradición constitucional que se manifiesta indiferente y hasta en oportunidades hostil a la religión en general por considerarla un atraso social. Laicidad en cambio implica un régimen de autonomía, independencia y separación pero también de consideración respecto de las creencias religiosas de los ciudadanos. La laicidad también es compatible con la cooperación con las confesiones religiosas.



• Por otro lado: el Perú no es plural solamente en lo étnico y cultural. También en lo religioso e inclusive de manera más destacada que en lo étnico y cultural. Lo decimos en base a evidentes consideraciones estadísticas. El Perú tiene en su territorio muchas confesiones religiosas, unas con más feligresía que otras:

Fuente: "Categorías y números en la Religión del Perú hoy", Manuel Marzal, en "La religión en el Perú al filo del milenio", PUCP, 2000, p.23.

Pero el hecho indiscutible que todas las confesiones no católicas consideradas en su conjunto hacen un total aproximado de (sin contar aquellos de religión "no especificada") de 2’459,966 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS) peruanos que no profesan la religión fomentada oficialmente por el Estado. Sin duda alguna esta cifra representa en mucho el pluralismo religioso que actualmente tiene el Perú y la necesidad de que su Estado se proclame laico.

Propuesta No.5, Derechos fundamentales, derecho a la igualdad religiosa.

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:

(...)

2. A la igualdad ante la ley. Está prohibida toda forma de discriminación que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona. El Estado y la sociedad promueven las condiciones y medidas positivas para que real y efectivamente nadie sea discriminado.

Se propone que el texto se mantenga tal como lo propone el Dictamen, pues se incluye en él el derecho tanto individual como de las personas jurídicas (ver artículo 50 del Dictamen) a la igualdad y la no discriminación por motivos religiosos.

Propuesta No.6, Derechos fundamentales, derecho de libertad religiosa.

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:

(...)

3.- A las libertades de pensamiento, conciencia y religión, en forma individual o colectiva.

Su ejercicio es libre siempre que no sea lesivo a los derechos fundamentales ni a las normas de salud, moral o seguridad públicas.

La objeción de conciencia se regula por ley.

• El pensamiento, la conciencia y la religión son objeto de diversas libertades y no de una sola libertad, aunque inevitablemente unidas e interconectadas entre sí. Por eso el uso de la palabra "libertad" debe ir en plural y no en singular. Conviene distinguir entre estas libertades: libertad de pensamiento es la libertad de tener unas u otras opciones ideológicas, libertad de conciencia es la libertad de tener y manifestar las convicciones y a formar la propia conciencia sin que éstas convicciones sean necesariamente religiosas, y libertad religiosa es la libertad de tener y manifestar creencias religiosas así como la libertad de no tenerlas.



• Los límites del derecho de libertad religiosa debe ser precisados mejor. No hay sustancial diferencia si decimos "orden público" o "normas de orden público", pues sigue estando en manos del Estado el definir qué contiene la noción de orden público lo que le permite demasiada discrecionalidad en perjuicio de las libertades individuales. El contenido concreto del orden público debe ir definido como comprendiendo la salud, moral y seguridad públicas. Y condicionar estos límites a que hayan sido recogidos en normas jurídicas concretas para evitar la incertidumbre respecto a lo que constituye "moral" o "seguridad".



• Se propone que sea aquí donde deba hacerse mención al derecho a la objeción de conciencia por constituir una implicancia del derecho de libertad de conciencia y religiosa y no una consecuencia del derecho a mantener reserva sobre las convicciones.

Propuesta No.7, Derechos fundamentales, derecho a la intimidad de las convicciones

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:

(...)

19. A mantener reserva sobre sus convicciones ideológicas, políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole, así como a guardar el secreto profesional.

Proponemos mantener este texto tal como aparece en el Dictamen, salvo lo relativo a la objeción de conciencia. No corresponde aludir aquí a ella pues su ejercicio es una derivación del derecho de libertad de conciencia y de religión, como ya dijimos. El derecho a la reserva de las convicciones deriva de un derecho diferente, del derecho a la intimidad.

Propuesta No.8, Derechos fundamentales, derecho al asilo y refugio.

Artículo 2.- Toda persona tiene derecho:

(...)

29.- A buscar y solicitar asilo y refugio. (...) No se concede la extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivos ideológicos, de religión, nacionalidad, raza, opinión o cualquier otro motivo de naturaleza discriminatoria.

(...)

Se propone que se mantenga la enumeración de motivos que tanto la Constitución de 1979 como la "Constitución" de 1993 establecieron. Eso armoniza además con la técnica de la enumeración que se halla en el artículo 2 numeral 19. No es coherente que aquí se introduzca una fórmula sintetizadora como hace el dictamen. Se debe mantener sin embargo la no taxatividad de dicha enumeración expresada en la fórmula "o cualquier otro motivo de naturaleza discriminatoria".

Propuesta No.9, derechos fundamentales.

Artículo 4.- La enumeración de los derechos reconocidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado social y democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.

• Este artículo se encuentra tanto en la Constitución de 1979 como en la "Constitución" de 1993. Creemos que se debe corregir la redacción del texto presente en ésta última y proponerla para el nuevo texto constitucional, pues no se trata de que la ley "establezca" derechos fundamentales sino de que meramente los reconozca como preexistentes. Asimismo, la dignidad del hombre es fundamento de estos derechos por lo que la palabra más adecuada es justamente "fundar" y no "derivar". Esta cláusula además permite una interpretación creativa y favorecedora del ser humano de la Constitución por parte de los Tribunales.



• El carácter "social" del Estado que el Dictamen propone restituir, pero que en este artículo parece que se olvidó de rescatar, implica que todos los derechos fundamentales no deben ser solamente respetados sino promovidos por el Estado, mediante la remoción de los obstáculos que impidan su libre y pleno ejercicio.

Propuesta No.10, educación religiosa.

Artículo 9.- La formación ética, moral y cívica así como, la enseñanza de la Constitución, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario es obligatoria en las instituciones educativas de todo nivel.

La educación pública no es confesional. La educación religiosa se podrá impartir en las instituciones educativas privadas, sin violar las libertades de pensamiento, conciencia o religión ni el ideario propio que estatutariamente éstas adopten.

• "La educación pública no es confesional".- La declaración de que la educación pública no es confesional impedirá que obligatoriamente se enseñe una sola religión y que los alumnos no católicos tengan que verse obligados a seguir violando su derecho a mantener reserva sobre sus convicciones religiosas por tener que pedir exoneración al curso de religión católica. El hecho de pedir exoneración es consagrar un nefasto principio: que el Estado es católico y hace el favor de "tolerar" a los ciudadanos que no lo son "permitiéndoles" la exoneración. La enseñanza religiosa de tipo doctrinal católica como en la actualidad es una clara violación de la separación Iglesia-Estado.



• Se puede enseñar otras materias destinadas a fortalecer los valores y la ética en los alumnos. Esta declaración de no confesionalidad de la educación pública no excluye que pueda incorporarse el curso de Religión en el currículo de los colegios estatales siempre y cuando este curso sea impartido y financiado por la confesión religiosa que el alumno o sus padres elijan.



• El curso de religión que los padres creyentes desean para sus hijos no cumpliría su objetivo ético-formativo si es que se diluyera su contenido con una "historia de las religiones", "religiones comparadas", un curso que enseñe las "principales" religiones o algo similar. Que la educación pública no sea confesional implica que como principio, se dictará un curso de valores éticos y morales de carácter cívico y laico, quedando bajo potestad de los padres que así lo deseen poder reemplazar dicho curso con un curso de la religión que profesen, pero en ambientes eclesiásticos. Esto también garantiza el legítimo derecho de los padres ateos a formar a sus hijos en escuelas estatales verdaderamente laicas sin que el Estado interfiera imponiendo el aprendizaje de una religión, cualquiera sea ella.



• "La educación religiosa se podrá impartir en las instituciones educativas privadas, sin violar las libertades de pensamiento, conciencia o religión ni el ideario propio que estatutariamente éstas adopten".- Dentro de este supuesto están los centros educativos no estatales de carácter confesional promovidos por las diferentes religiones en nuestro país. No por ser confesionales, tienen menos obligación de respetar la libertad de religión de sus alumnos, pertenezcan o no a la religión promovida por el centro educativo. Dentro del centro educativo siguen estando vigentes los derechos a libertad de conciencia y religiosa de los alumnos y profesores. Recordemos que discrepancias religiosas pueden surgir entre miembros de una misma confesión religiosa así como entre miembros de distintas opciones religiosas.
  
  
• Pero al mismo tiempo, debe protegerse también el derecho del centro educativo a tener un ideario religioso propio y en consecuencia, su derecho a –por ejemplo- contratar docentes de su misma línea religiosa y a impartir sus cursos de acuerdo a sus propios fines sin que nadie alegue que por ello la institución está violando su derecho a la libertad religiosa o de igualdad. Pero además establece que ese ideario confesional no puede suponerse sino que debe probarse y estar bien establecido mediante su presencia en el Estatuto de Constitución de la institución educativa.

Propuesta No.11, libertad religiosa de estudiantes universitarios

Artículo 17.- En un marco de respeto a los derechos humanos y los valores democráticos, la universidad tiene como fines la formación profesional, la búsqueda y difusión del conocimiento, mediante la investigación científica y tecnológica, la creación intelectual y artística, la difusión cultural y la extensión universitaria.

La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. Todos sus integrantes participan de su gobierno en la forma que establezca la ley. Esta regula los términos de la participación de los promotores en las universidades privadas cuando corresponda.

El Estado garantiza la libertad de cátedra y la tolerancia en su ejercicio. Las autoridades y docentes universitarios garantizarán el libre ejercicio de las libertades de pensamiento, conciencia y religión de los alumnos.

Este artículo debe también referirse a un deber que las autoridades y docentes universitarios se olvidan muy frecuentemente de respetar. Creen que la Universidad es una isla en la que la Constitución no está vigente, en la que los alumnos no tienen derechos fundamentales. Frecuentemente violan la libertad religiosa de sus alumnos al exigirles que violen su conciencia bajo amenaza de algún perjuicio académico. Esto sucede continuamente con los estudiantes universitarios que pertenecen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día quienes observan como día de reposo con carácter sagrado el día sábado. Estos cristianos frecuentemente son empujados a escoger entre su Derecho a la Educación y su Derecho a la Libertad Religiosa cuando un docente o autoridad universitaria se niega a adelantarles evaluaciones sabatinas o reprogramarlas estando en la posibilidad objetiva de poder hacerlo. Y eso no puede continuar. Si bien es cierto parecería que basta el artículo 2 literal 3 para amparar el derecho de estos estudiantes, la cantidad de casos existentes de violaciones a este derecho en las universidades exige que se consagre específicamente como una obligación que no puede eludirse.

Propuesta No.12, No.13 y No.14, libertad religiosa de trabajadores y postulantes a un puesto de trabajo

Artículo 27.- El trabajo, en su acceso y diversas modalidades, es objeto de promoción y protección por el Estado, sin discriminación alguna y dentro de un régimen de igualdad de trato.

(...)

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.

(...)

El Estado reconoce el derecho de estabilidad en el trabajo. El trabajador sólo puede ser despedido por causa justa, señalada en la ley y debidamente comprobada.

Es nulo el despido que lesiona derechos fundamentales del trabajador o que castiga su ejercicio.

Artículo 29.- En la relación de trabajo, es nula toda condición que impida el ejercicio de los derechos fundamentales.

Artículo 98.- El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a los derechos fundamentales de la persona, a la moral, ni a la salud o seguridad públicas.

(...)

• No debe protegerse los derechos fundamentales sólo durante la relación laboral una vez que ésta ha sido establecida, sino también antes de ella, en el acceso al puesto de trabajo. La afiliación religiosa puede ser causa de discriminación laboral en el momento de postular a un empleo. Este artículo protegerá efectivamente a quienes se vean discriminados en el acceso a un puesto de trabajo únicamente por pertenecer a una religión determinada. Ya existe una ley que aborda este tema y que estipula que en base a consideraciones objetivas y razonables se pueden establecer diferenciaciones en el acceso a un puesto de trabajo, lo que cautela el derecho a tener trabajadores acordes con el ideario religioso propio en caso de un centro laboral de tipo confesional.


• Durante la relación laboral, el empleador no puede despedir a un trabajador que esté ejerciendo su derecho a la libertad religiosa por haber cambiado de religión y ejercerla. Un despido por tal causa simplemente debe ser considerado nulo y en consecuencia ser reparado con la reposición al puesto de trabajo. Eso ayudaría a fomentar la tolerancia y libertad religiosa entre peruanos.



• Al momento de la celebración del contrato laboral o la negociación colectiva, el trabajador debe estar protegido contra cláusulas que lo condicionen a renunciar parcial o totalmente a sus derechos fundamentales como el de libertad religiosa por ejemplo. Asimismo durante la relación laboral se pueden imponer condiciones laborales que vulneren derechos fundamentales y el trabajador se sienta intimidado por tener que ejercerlos. El empleador intolerante debe estar notificado que será en vano estipular dichas condiciones.



• En cuanto a la seguridad, salud y moral públicas, notamos que si en este artículo se evita mencionar al orden público y se le dota de un contenido jurídico concreto, lo mismo es legítimo para el caso del artículo 2 inciso 3, respecto a los límites de la libertad religiosa.

Propuesta No.15, relaciones Iglesia-Estado

Artículo 71.- Ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal.

Dentro de un régimen de independencia, autonomía y separación mutuas, el Estado reconoce y respeta a las confesiones religiosas y establece formas de cooperación con ellas.

El Estado reconoce la importancia histórica y sociológica de la Iglesia Católico Romana en la formación de la Nación.

• Ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal.- Este enunciado por fin explicitaría la aconfesionalidad del Estado peruano. ¿Qué significa no tener carácter estatal?. Significa que el Estado no puede pagar a los pastores, rabinos, sacerdotes, etc., para desempeñar funciones religiosas como si éstas fueran funciones públicas; significa que el Estado no puede promover ni establecer ninguna religión como oficial, que no puede inspirar su legislación en doctrinas religiosas específicas, que no puede concurrir con los ciudadanos en materias de fe, que no puede ser sujeto de libertad religiosa. Es adecuado que esta declaración se incorpore en este artículo pues se refiere al tipo de relaciones Iglesia-Estado que el Estado peruano promueve.



• Se establece que no basta la independencia ni autonomía, sino que ello se debe complementar con la efectiva separación mutua.



• Se propone que se deje claramente establecida la naturaleza sociológica de la mención a la Iglesia Católico Romana en la Constitución. Esta mención no tiene efectos jurídicos como afirman diversos juristas católicos (una vez que logran esta inclusión en el texto constitucional en los diferentes países donde se ha debatido el punto). Conviene desligar al reconocimiento sociológico, de la declaración "y le presta su colaboración", pues tal vinculación se ha interpretado como que produce un favoritismo del Estado hacia la religión católica por el hecho de ser mayoritaria. No hay relación causal entre este reconocimiento y el deber de cooperación estatal, pues este deber se extiende de igual manera a otras confesiones religiosas.



• La propuesta también especifica claramente que la separación, autonomía e independencia se aplica a las relaciones del Estado con otras confesiones religiosas y no sólo con la Católica.

Crítica del actual artículo 50 y del Dictamen de la Comisión de Constitución

- Abordaremos tres grandes temas al respecto:

• El Régimen de Separación cooperativa entre el Estado y las Confesiones Religiosas.
• El Reconocimiento Estatal de las Confesiones Religiosas.
• El Régimen de Cooperación entre el Estado y las Confesiones Religiosas.

Respecto al Régimen de Separación cooperativa entre el Estado y las Confesiones Religiosas

• Contra la creencia prevaleciente –que adquiere visos de mito político-, nuestra Constitución no establece explícitamente un régimen de Separación entre el Estado y las Confesiones Religiosas ni tampoco lo hace el resto de nuestro ordenamiento jurídico. Veamos sólo lo relativo al texto constitucional. La Constitución Política dice que las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica se desenvuelven "Dentro de un régimen de independencia y autonomía...", algo muy diferente al concepto de Separación Iglesia-Estado si lo consideramos a la luz del textualmente casi idéntico artículo primero del "Acuerdo celebrado entre la Santa Sede y la República del Perú" de 1980, firmado durante la última semana de vigencia del régimen militar y publicado en el diario oficial en una edición vespertina semi-clandestina. Concordado con dicho Acuerdo preconstitucional resulta absolutamente claro que la independencia y autonomía a las que se refiere la Constitución son las que pertenecen a la Iglesia Católica respecto del Estado, y no a las que también deberían pertenecer al Estado respecto de la Iglesia Católica. Lo garantizado aquí es la libertas eclesiae ("libertad de la Iglesia" Católica), pero no la libertad del Estado.



• Además: a) no establece expresamente que este "régimen de independencia y autonomía" se aplique a las otras confesiones religiosas, ni que presida las relaciones de éstas con el Estado; y b) reduce el tradicional concepto de separación Iglesia-Estado a la "independencia y autonomía" siendo el concepto mucho más amplio como explicaremos en el punto siguiente.



• Si sumamos el hecho de que no se reconoce legal ni realmente un régimen de separación -ni a nivel constitucional ni a nivel infraconstitucional-, con el hecho de que actualmente nuestra Constitución ordena imperativamente que exista cooperación con una sóla Iglesia mientas que con las restantes esta colaboración es meramente potestativa ("podrá"), y aunados los dos primeros hechos al de las prácticas religiosas del Estado (Te Deum, Juramentos, consagración de los institutos castrenses a Santos Patrones, etc.), tendremos cualquier paisaje político menos el de un Estado aconfesional y laico.



• ¿Qué tipo de régimen de separación Confesiones Religiosas-Estado deseamos para nuestra Patria?, ¿uno laicista, indiferente a la religiosidad del pueblo peruano, tan "neutral" que se realmente se evidencie intolerante respecto del sentimiento religioso?, ¿o uno laico, de índole cooperativo, que no ignore el factor religioso sino antes bien promueva sus mejores cualidades públicas?. Evidentemente nuestra opción es por un Estado laico que mantenga relaciones de cooperación con las confesiones religiosas en el marco de un régimen de separación, independencia y autonomía mutuas.

Respecto al Reconocimiento estatal de la Iglesia Católica

• Este reconocimiento se ha introducido en la Constitución con el argumento que es una constatación histórica y cultural innegable que la Iglesia Católica ha contribuido a formar la identidad nacional. Y para tranquilizar la conciencia de los demócratas se ha dicho que esta declaración no niega el carácter laico del Estado, sino que constituye meramente un reconocimiento sociológico. Pero eso no es totalmente cierto. Esta mención tiene connotaciones jurídicas como las propias doctrinas canónica y eclesiasticista católicas lo reconocen y promueven alrededor del mundo.
  
  
• Este reconocimiento tiene carácter discriminatorio pues se le hace sólo a la Iglesia Católica y no a "las otras". A "las otras" solamente se les respeta. En la propuesta de la Comisión eso cambia y también "se reconoce" a las demás confesiones. Esta novedosa y justa inclusión del reconocimiento a las otras confesiones, demuestra que el "reconocimiento" del cual este artículo habla es uno de tipo jurídico, y no solo sociológico como se pretendía.



• El reconocimiento en el artículo en cuestión, puede entenderse como un reconocimiento implícito de la personalidad jurídica de la Iglesia, pues alude a un reconocimiento de sus connotaciones histórico-sociológicas dando por descontada su existencia y personalidad. Ello, creemos no puede ser en beneficio de sólo una confesión religiosa sino –en virtud del principio de igualdad ante la ley- también de las otras.

Respecto al régimen de cooperación del Estado con las confesiones religiosas

• El actual artículo 50 establece la obligación constitucional del Estado en prestar colaboración a la Iglesia Católica mientras que respecto de "las otras", la colaboración es meramente potestativa lo que constituye una discriminación inaceptable en un Estado Constitucional. El anteproyecto de la Comisión sobre este artículo reproducía la situación en la redacción del artículo 92 cuando señalaba que el Estado "le presta" colaboración a la Iglesia Católica mientras que con las demás confesiones las "puede establecer". Felizmente esta desafortunada redacción fue cambiada para establecer la Igualdad religiosa sin la cual la Libertad Religiosa es imposible que encuentre plena y consecuente expresión.



• El artículo 50 de la Constitución tiene un importantísimo aspecto que es sumamente positivo y que el Proyecto de Ley No.3156 titulado "Respetar Principio de Igualdad Religiosa" presentado el pasado 12 de junio de 2002 por un grupo de parlamentarios no ha comprendido ni rescatado. Se trata de uno de los principios rectores del Derecho Eclesiástico Comparado que más contribuye a establecer relaciones constructivas entre el Estado y las Confesiones Religiosas: El Principio de Cooperación. En virtud de éste el Estado puede establecer formas de colaboración con ellas. El tal Principio implica que "debe entenderse como la predisposición del Estado a facilitar y promover las condiciones que hacen posible el acto de fe y los diversos aspectos o manifestaciones que derivan del mismo; de modo particular, esa predisposición se expresa en el propósito de llegar a un entendimiento con los sujetos colectivos de la libertad religiosa en orden a regular aquellas expresiones del fenómeno religioso con trascendencia jurídica en el Derecho estatal. Sin embargo, se franquean los límites de la cooperación y con ello se vulnera [la aconfesionalidad estatal] cuando, confundiendo los valores y objetivos de la sociedad política, la propia organización administrativa asume la satisfacción de intereses religiosos como intereses propios e indiferenciados de los generales que ella misma representa".

Su formulación ha sido consecuencia de un desarrollo jurídico que ha bebido de las fuentes doctrinales del Concilio Vaticano II como una vía de neutralizar el progreso del Estado laico y separatista respecto de la Iglesia Católica. Y ha sido formulado prácticamente para uso de la Iglesia Católica como lo demuestran las importantes experiencias de países como Italia y España en los que este Principio se ha materializado en la forma de sendos Acuerdos entre el Estado y la Iglesia Católica y muy posteriormente, del Estado con otras confesiones religiosas. En nuestro país, el Principio de Cooperación ha encontrado similar concreción en el Concordato celebrado entre el Estado Peruano y la Santa Sede el 19 de julio de 1980, pocos días antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1979 y de la transmisión de mando a un régimen democrático; sin que hasta la fecha el Estado peruano haya celebrado Acuerdos similares con las confesiones minoritarias, en buena parte debido a la falta de iniciativa de éstas y su desconocimiento de las posibilidades legales de este instrumento.

Propuesta No.16, función pública

Artículo XXX.- Nadie puede ejercer las funciones públicas designadas en la Constitución sino jura cumplirla.

El individuo que por sus creencias filosóficas o religiosas no pueda prestar juramento o comprender una invocación a Dios en él, está obligado a declarar su sujeción a la Constitución mediante fórmula de equivalente fuerza vinculante.

Debe permanecer el deber de vincularse ética y jurídicamente a la Constitución en el ejercicio de la función pública. Y debe exigirse este deber sin perjuicio de la libertad religiosa y de conciencia de quien efectúa su declaración de sujeción.

Propuesta No.17, libertad religiosa de los pueblos originarios

Artículo 96.- El Estado reconoce y garantiza la protección a los siguientes derechos de naturaleza colectiva:

Encontramos antecedentes para el reconocimiento específico de los derechos religiosos de los pueblos originarios en las Constituciones de Ecuador, de Brasil, de Paraguay, de Venezuela y de Panamá. Inexplicablemente, hasta ahora las propuestas sobre pueblos originarios no han contemplado más que referencias tangenciales a su religiosidad al hablar ambiguamente de "espiritualidad". ¿Quizás signo de un prejuicio laicista que considera a la religión indígena como factor de atraso?. En todo caso, los pueblos originarios tienen mejor derecho a la protección de sus lugares y ritos sagrados, amenazados constantemente por el avance de la empresa y la colonización.

Propuesta No.18, Denuncia del Concordato entre el Perú y la Santa Sede

El Poder Ejecutivo iniciará inmediatamente después de la puesta en vigencia de la presente Constitución, gestiones tendientes a la denuncia del Acuerdo entre la República del Perú y la Santa Sede, sin perjuicio de la celebración posterior de un nuevo Acuerdo que sea compatible con el carácter laico del Estado y los principios de las relaciones Iglesia-Estado plasmados en esta Constitución. En virtud de los mismos, también celebrará Acuerdos con las confesiones religiosas que lo soliciten, bajo el procedimiento y condiciones establecidas en la ley.

Artículo 1.- Establece el deber de colaboración estatal a favor de la Iglesia Católica basado en una consideración preferencial y discriminatoria.

Artículo 8.- Mantiene el pago de "subvenciones" para personas, obras y servicios de la Iglesia Católica, con fondos del tesoro público.

Artículo 10.- Preserva un régimen tributario discriminatorio.

Artículo 11 y siguientes.- Mantiene como función pública a una función religiosa como la del Vicariato castrense.

Artículo 19.- Se establece que los eclesiásticos puedan prestar servicios como docentes públicos del curso de religión católica. Se subordina la función de un docente público a la aprobación permanente de una autoridad religiosa.