MANDATO DE LA COMISION.
La COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE LOS DELITOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS COMETIDOS ENTRE 1990-2001 se conformó por acuerdo unánime del Pleno del Congreso, a solicitud de numerosas Mociones de Orden presentadas por congresistas de todas la bancadas. Entre ellas, las suscritas por Unión Parlamentaria Descentralista, Perú Posible y el Partido Aprista Peruano.
El 13 de agosto de 2001 se le otorgó mandato, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 97º de la Constitución Política y del Articulo 88º del Reglamento del Congreso para investigar las irregularidades en:
- Los procesos de privatización de empresas públicas.
- El uso de recursos del Estado para el salvataje de empresas financieras y la liquidación de la banca de fomento.
- Las grandes licitaciones, contrataciones y obras públicas.
- El control ejercido desde el poder político sobre organismos como la SUNAT y Aduanas, la Contraloría General y organismos supervisores y reguladores, así como la utilización de éstos como instrumentos de chantaje, presión o de evasión tributaria.
- El mal uso de donaciones y la cooperación internacional recibida por el Estado Peruano
- La apropiación de recursos públicos para financiar la red de corrupción.
El Congreso de la República, acordó concederle un plazo de 120 días calendarios para presentar su Informe Final. Plazo que fue posteriormente ampliado, por primera vez hasta el 15 de mayo del 2002 y, por segunda vez, hasta el 15 de junio de 2002, previa aprobación por unanimidad de los correspondientes Informes Parciales sustentados por el Presidente.
Además de los temas iniciales el Congreso le encargó posteriormente analizar diversos asuntos como:
- Los criterios del Sector Justicia para el manejo y cautela de los dineros y bienes incautados a Vladimiro Montesinos provenientes del narcotráfico y su posterior inversión en obras de desarrollo para la Región San Martín (tema pendiente).
- La disolución y liquidación de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir y las irregularidades producidas en el proceso de privatización de la Empresa Agroindustrial Pucalá S.A.A.
- La disolución y liquidación de entidades financieras del Estado entre 1990 y 2000
- Las operaciones realizadas por el Estado en el Banco Latino.
- Los Decretos de Urgencia dictados durante los años 1997- 2000;
- La entrega en concesión del Puerto de Matarani.
En el Informe Final de Investigación sustentado por el Presidente de la Comisión ante el Pleno del Congreso de la República, se da cuenta de los aspectos pendientes en el trabajo de la Comisión, por la extensión y la complejidad de las materias, proponiendo que éstos pudieran ser abordados por futuras investigaciones.
Como producto de su trabajo, la Comisión emitió entre agosto 2001 y junio 2002; un total de 26 Informes Especiales de caso, dos Informes parciales (diciembre 2001 y mayo 2002) y el Informe Final (Junio del 2002)
El Informe Final sustentado el 10 de julio ante el Pleno del Congreso, fue aprobado por 61 votos a favor, 2 votos en contra y 5 abstenciones.