LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 23853

Para dirigirse directamente a algún artículo o sección de la ley presione el TITULO o CAPITULO de su elección.

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPITULO I DEL CONTENIDO Y ALCANCES DE LA LEY (Artículo1) CAPITULO II DE LA NATURALEZA Y FINALIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES (Artículos del 2 al 5) CAPITULO III JURISDICCION MUNICIPAL Y CONFLICTOS DE JURISDICCION (Artículos del 6 al 9) CAPITULO IV DE LA COMPETENCIA DE LAS MUNICIPALIDADES (Artículos del 10 al13)

TITULO II DE LA CREACION, ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS CAPITULO I DE LA CREACION DE LOS MUNICIPIOS (Artículos 14 y 15) CAPITULO II DE LA ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL (Artículos del 16 al 35) CAPITULO III DEL CONCEJO MUNICIPAL (Artículos del 36 al 46) CAPITULO IV DE LA ALCALDIA (Artículo 47) CAPITULO V DE LA ADMINISTRACION Y PERSONAL MUNICIPAL (Artículos del 48 al 52) CAPITULO VI DE LA GESTION MUNICIPAL (Artículos del 53 al 61)

TITULO III DE LA FUNCION MUNICIPAL CAPITULO I DE LAS FUNCIONES GENERALES (Artículos 62 al 64) CAPITULO II DE LAS FUNCIONES ESPECIFICAS (Artículos 65 al 69) CAPITULO III DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES, PROVINCIALES,DISITRITALES Y DELEGADAS (Artículos 70 y 71) CAPITULO IV LIMITACIONES A LA PROPIEDAD PRIVADA (Artículos del 72 al 78)

TITULO IV DE LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD CAPITULO UNICO (Artículos 79 al 83)

TITULO V DE LA ECONOMIA Y LA HACIENDA MUNICIPAL CAPITULO I DEL PATRIMONIO MUNICIPAL (Artículos del 84 al 89 CAPITULO II DE LAS RENTAS MUNICIPALES (Artículos del 90 al 96 CAPITULO III DE LOS FONDOS MUNICIPALES DE INVERSION (Artículos del 97 al 102) CAPITULO IV DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES Y LA CONTABILIDAD (Artículos del 103 al 107) CAPITULO V DEL CONTROL MUNICIPAL (Artículos 108)

TITULO VI DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES, SANCIONES Y RECURSOS IMPUGNACION CAPITULO I DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES (Artículos del 109 al 114) CAPITULO II DE LAS SANCIONES (Artículos del 115 al 121) CAPITULO III DE LOS RECURSOS DE IMPUGNACION (Artículos del 122 al 124) CAPITULO IV INTERRRELACIONES MUNICIPALES (Artículos 125 y 126)

TITULO VII DEL FOMENTO A LA ACCION MUNICIPAL CAPITULO UNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL (Artículos 127 y 128)

TITULO VIII DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES (Artículos del 129 al 132) CAPITULO II DEL CONCEJO METROPOLITANO (Artículos del 133 al 135) CAPITULO III DEL ALCALDE METROPOLITANO (Artículo 136) CAPITULO IV DE LA ASAMBLEA METROPOLITANA (Artículos del 137 al 139) CAPITULO V DE LOS ORGANOS METROPOLITANOS DE ASESORAMIENTO (Artículos del 140 al 143) CAPITULO VI DE LA ADMINISTRACION METROPOLITANA (Artículos del 144 al 146)

TITULO IX DISPOSICIONES ESPECIALES Revisión de expedientes de adjudicacion (Artículos del 147 al 164) Adjudicación de terrenos eriazos y ribereños (Artículo 149) Regularización de títulos en Asentamientos Humanos (Artículos del 150 al 156) Adjudicación de terrenos para Urbanizaciones Populares (Artículos del 157 al 160) Exoneración a la LEY 16000 (Artículo 161) Rentas de Municipalidades de Centros Poblados Menores (Artículo 162) Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 51 (Artículos 163 y 164)

TITULO X DISPOSICIONES TRANSITORIAS (De la Primera a la Séptima)

 

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES

LEY Nº 23853

Publicada el 09.06.84

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

DEL CONTENIDO Y ALCANCES DE LA LEY

Artículo 1.- La presente Ley Orgánica norma la organización, autonomía, competencia, funciones y recursos de las Municipalidades, así como el régimen especial de la Capital de la República.

CAPITULO II

DE LA NATURALEZA Y FINALIDAD DE LAS MUNICIPALIDADES

Artículo 2.- Las Municipalidades son los Organos del Gobierno Local, que emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Les son aplicables las leyes y disposiciones que, de manera general y, de conformidad con la Constitución, regulen las actividades y funcionamiento del Sector Público Nacional.

Artículo 3.- Las Municipalidades representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, fomentan el bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su jurisdicción. No pueden ejercer las funciones de orden político que la Constitución y las leyes reservan para otros órganos del Estado, ni asumir representación distinta de la que le corresponde a la administración de las actividades locales.

Artículo 4.- Existen Municipalidades en:

1.- La Capital de la República, que tiene el régimen especial que se establece

en la presente ley.

2.- Las Capitales de Provincia.

3.- Las Capitales de Distrito.

4.- Los pueblos, centros poblados, caseríos, comunidades campesinas y nativas,

que determine el Concejo Municipal Provincial. Su denominación es Municipalidad Delegada.

Artículo 5.- Para la creación de una Municipalidad Delegada se requiere:

1.- La comprobada necesidad de servicios locales.

2.- Que su territorio no se halle comprendido dentro de los límites de la capital de la Provincia o en el núcleo poblacional central de su Distrito.

3.- Que cuente con más de 50 personas mayores de edad.

4.- Que posea medios económicos suficientes para organizar y sostener los servicios municipales esenciales.

5.- Que sea solicitado por la mayoría de los habitantes mayores de edad de la localidad.

6.- Que sea aprobada por el Concejo Provincial previo conocimiento del Concejo Distrital respectivo.

CAPITULO III

JURISDICCION MUNICIPAL Y CONFLICTOS DE JURISDICCION

Artículo 6.- Las Municipalidades ejercen jurisdicción con los siguientes alcances:

1.- La Municipalidad Provincial sobre el territorio de la respectiva Provincia y el Distrito del Cercado.

2.- La Municipalidad Distrital sobre el territorio del Distrito.

3.- La Municipalidad Delegada sobre el territorio que le corresponde según delimitación hecha por el respectivo Concejo Provincial.

Artículo 7.- Los conflictos internos de las Municipalidades Distritales y las que surjan entre ellas y otras Municipalidades o autoridades de un mismo Distrito se dirimen por el Juez de Primera Instancia de la respectiva Provincia y, en caso de apelación, por la Corte Superior del Distrito Judicial correspondiente.

Artículo 8.- Los conflictos internos de las Municipalidades Provinciales y los que surjan entre ellas y otras Municipalidades o autoridades de la misma u otra Provincia son dirimidos en Primera Instancia por la Corte Superior del respectivo Distrito Judicial; procede el recurso de nulidad contra la resolución de vista.

Artículo 9.- Los conflictos internos de la Municipalidad de la Capital de la República y los que surgen entre ella y las demás autoridades son dirimidos por la Corte Suprema de Justicia, en instancia única.

CAPITULO IV

DE LA COMPETENCIA DE LAS MUNICIPALIDADES

Artículo 10.- Las Municipalidades son competentes para:

1.- Acordar su régimen de organización interior.

2.- Votar su Presupuesto.

3.- Administrar sus bienes y rentas.

4.- Crear, modificar, suprimir o exonerar sus contribuciones, arbitrios y derechos, conforme a ley.

5.- Regular el transporte colectivo, la circulación y el tránsito.

6.- Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales.

7.- Contratar con otras entidades públicas o no públicas, preferentemente locales, la atención de los servicios que no administren directamente.

8.- Planificar el desarrollo de sus circunscripciones y ejecutar los planes correspondientes.

9.- Exigir el cumplimiento de sus propias normas, sea con sus propios medios o con el auxilio de las Fuerzas Policiales.

10.- Celebrar acuerdos con otras Municipalidades para organizar servicios comunes.

11.- Promover y organizar conforme a ley, la participación de los vecinos en el desarrollo comunal.

12.- Derogado (*).

Artículo 11.- Las Municipalidades Provinciales son competentes además para regular o pronunciarse sobre las siguientes materias:

1.- Zonificación y urbanismo.

2.- Cooperación con la Educación Inicial y Primaria y vigilancia de su normal funcionamiento.

3.- Cultura, recreación y deporte.

4.- Turismo y conservación de monumentos Arqueológicos e Históricos en coordinación con el Organismo Regional; y con las políticas nacionales impartidas a través del Gobierno.

5.- Cementerios.

6.- Los servicios públicos cuya ejecución no está reservada a otros órganos públicos y que tienden a satisfacer las necesidades colectivas de carácter local.

7.- La modificación de la demarcación regional, previa consulta popular, en los casos previstos por el Artículo 260 de la Constitución (*)

(*) Ver art. 190 de la Const. de 1993

8.- La determinación de los linderos de los Distritos de su jurisdicción en conformidad con sus leyes de creación y previa aprobación de la Asamblea de Alcaldes Distritales.

Son competentes asimismo para pronunciarse, en forma previa o para revisar, según sea el caso, toda disposición que las Municipalidades Distritales adopten sobre las materias a que este artículo se refiere.

Artículo 12.- Las Municipalidades Provinciales están facultadas para prestar directamente los servicios comunes de las Municipalidades de su jurisdicción; así como para coordinar y complementar o suplir la acción de éstas cuando lo consideraren necesario.

Artículo 13.- En los lugares que carezcan de servicios de agua y desagüe, de aprovisionamiento energético y cualquier otro servicio encargado a una entidad nacional o regional, las Municipalidades Distritales son competentes para su instalación con métodos y técnicas apropiadas a los recursos de cada localidad; así como para fijar las tarifas.

TITULO II

DE LA CREACION,ORGANIZACION Y GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS

CAPITULO I

DE LA CREACION DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 14.- Los Municipios Provinciales y Distritales nacen de la demarcación territorial respectiva que aprueba el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, en conformidad con el Artículo 186, inciso 7) de la Constitución del Estado.(*)

(*) Ver art. 102, inc. 7 de la Const. de 1993

Artículo 15.- Las condiciones y requisitos para la modificación de la demarcación territorial y la creación de Provincias y Distritos son señalados por Decreto Supremo.

CAPITULO II

DE LA ORGANIZACION DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Artículo 16.-

El Concejo Municipal ejerce funciones normativas, administrativas y fiscalizadoras. Está constituido por el Alcalde y los Regidores.

Artículo 17.- Las funciones ejecutivas del Gobierno Municipal corresponden al Alcalde. Los Regidores pueden asumir algunas de tales funciones en determinadas áreas de servicios municipales a propuesta del Alcalde y con acuerdo del Concejo Municipal, con el voto conforme de la mayoría del número legal. El acuerdo establecerá las facultades y obligaciones correspondientes.

En los Concejos Municipales con menos de 10 Regidores o cuya área urbana albergue menos de 20,000 habitantes, las funciones del Gobierno Municipal se ejercitan por el Alcalde y los Regidores en el modo que establezca el respectivo Reglamento de Organización Interior.

Artículo 18.- Los Alcaldes y Regidores son elegidos en sufragio directo por los vecinos de la respectiva jurisdicción.

Los extranjeros residentes por más de dos años continuos en la circunscripción respectiva pueden elegir y ser elegidos, salvo en las Municipalidades

fronterizas.

Artículo 19.- Los Alcaldes y Regidores desempeñan sus cargos por un período de tres años, pudiendo ser reelegidos.

Artículo 20.- Los Concejos Municipales están integrados por un Alcalde y el número de Regidores que se establezca conforme a la Ley Electoral.

En la elección de los Regidores tienen representación las minorías.

Los Concejos Municipales Delegados están integrados por un Alcalde y cinco Regidores. Son elegidos por el Concejo Provincial de las ternas que proponga para cada cargo el Concejo Distrital respectivo, en tanto se efectúen las elecciones conforme a la Ley Electoral.

Artículo 21.- Los Alcaldes y regidores son rentados, conforme lo permita el presupuesto y la disponibilidad de recursos propios de cada Municipalidad, y previo acuerdo del respectivo Concejo Municipal, aplicándose los montos que determinan o autorizan las normas sobre remuneraciones para sus respectivos rangos.

Los alcaldes reciben una remuneración mensual y los regidores perciben dietas por sesión.

Las remuneraciones y las dietas son suprimibles, por Acuerdo unánime del Concejo o por renuncia individual a ellas. (*)

(*) Modificado por la Ley 26317, de 27/5/94

Artículo 22.- Los Regidores que trabajan como dependientes en el Sector Público o Privado, gozan de licencia de sus centros de trabajo hasta por veinte horas semanales, sin descuentos de sus remuneraciones, tiempo que será dedicado exclusivamente a las labores municipales.

Los Alcaldes y regidores no serán trasladados ni reasignados sin su consentimiento, mientras ejerzan función municipal.

El empleador está obligado a conceder la licencia semanal, bajo responsabilidad. Los alcaldes pueden optar entre la remuneración municipal o la de su función pública o privada. En el primer caso gozarán de licencia sin goce de haber por el término de su mandato. En el segundo caso, de la licencia a la que se refiere el primer párrafo y pueden acogerse al beneficio de la dieta. (*)

(*) Modificado mediante la Ley Nº26317 del 27/05/94.

Artículo 23.- No pueden desempeñar los cargos de Alcalde y Regidores:

1.- Los servidores del Estado a los que se refiere la segunda parte del Artículo 60 de la Constitución.

2.- El Contralor General, los Prefectos, Subprefectos y Gobernadores.

3.- Los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal de Garantías Constitucionales, del Consejo Nacional de la Magistratura y del Jurado Nacional de Elecciones.

4.- Los Presidentes de los Organismos Descentralizados de Gobierno.

5.- Los miembros de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales en servicio activo.

6.- Los miembros de otros Concejos Municipales.

7.- Las personas naturales y los representantes legales de las sociedades que tengan interés en las concesiones o en los contratos otorgados o en trámite de otorgamiento por la Municipalidad.

8.- Los deudores por obligaciones provenientes de contratos o concesiones y los que tengan proceso judicial pendientes con las respectivas municipalidades, así como los que hubieran otorgado fianza u otra garantía para asegurar el cumplimiento de alguna obligación en favor de aquellas.

9.- Los que hayan sufrido condena por delito doloso.(*)

(*) Modificado por el art. 1 de la Ley 26491 (2/7/95)

10.- Los extranjeros, en el caso de Municipalidades Provinciales, Distritales y Delegadas en zonas fronterizas.

11) Los trabajadores de la misma municipalidad (*)

(*) Párrafo adicionado por el art. 1 de la Ley 26483, publicada el 17/06/95.

Artículo 24.- Para ser elegido Alcalde o Regidor de un Concejo Municipal se requiere:

1.- Gozar del derecho de sufragio.

2.- Ser vecino de la respectiva circunscripción municipal con no menos de dos años de residencia continua antes de la elección.

3.-Hallarse inscrito en el Registro Electoral o en el Registro Electoral Municipal para Extranjeros.

Artículo 25.- Los cargos de Alcaldes y Regidores tienen el carácter de función pública. Son irrenunciables, salvo en caso de postular cargos en Elecciones Políticas, los Alcaldes y Regidores no están obligados a renunciar para postular su reelección.

Artículo 26.- Vaca el cargo de Alcalde o Regidor:

1.- Por enfermedad o por impedimento físico no susceptible de rehabilitación integral o cualquier otra causa que impida su desempeño por plazo mayor de tres meses.

2.- Por ausencia de la localidad por mas de 30 días consecutivos sin la autorización correspondiente del Concejo Municipal.

3.- Por sobrevenir alguna de las causales del artículo 23º después de la elección.

4.- Por cambio de domicilio fuera de la jurisdicción de la Municipalidad.

5.- Por inconcurrencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas o seis no consecutivas durante tres meses.

6.- Por incurrir en la causal prevista en el artículo 88 de la presente Ley durante tres meses.

Artículo 27.- La vacancia del cargo del Alcalde o Regidor es declarada por el correspondiente Concejo Municipal con el voto aprobatorio de la mayoría del número legal de sus miembros.

El Acuerdo del Concejo que declara la vacancia es susceptible de revisión a solicitud de parte, en el término de ocho (8) días naturales ante el Jurado Nacional de Elecciones, quien resuelve en el plazo máximo de treinta (30) días naturales. La Resolución del Jurado Nacional de Elecciones es inapelable e inimpugnable en la vía judicial.

Cualquier vecino también puede solicitar la vacancia ante el Concejo Municipal, aportando prueba escrita que sustente la correspondiente causal. El pronunciamiento debe producirse en la sesión inmediata siguiente. En cualquier caso, ésta no puede efectuarse más allá de los treinta (30) días calendario.(*)

(*) Modificado por el art. 1 de la Ley 26491, publicada el 2/07/95.

Artículo 28.- En los casos de vacancia reemplazan:

1.- Al Alcalde: El Teniente Alcalde, que lo es el Regidor hábil que sigue en su propia lista electoral.

2.- A los Regidores: Los suplentes de sus respectivas listas. Caso de no existir suplentes o los llamados por ley se hallaran ausentes, impedidos o se negaran a asumir el cargo, el Jurado Nacional de Elecciones convoca a elecciones complementarias.

Artículo 29.- Los cargos de Alcalde y Regidor se suspenden automáticamente por:

1.- Incapacidad física o mental, temporal.

2.- Por licencia autorizada por el Concejo, por un período máximo de cuarenticinco (45) días naturales.

3.- Por impedimento legal, cuando tienen proceso penal abierto con mandato de detención que ha quedado firme en primera o segunda instancia. (*)

(*) Modificado por el art. 1 de la Ley 26491.

Artículo 30.- En los casos de suspensión a que se refiere el Artículo 29º, el Alcalde es reemplazado por el Teniente Alcalde y por impedimento de éste, por el Regidor que determine el Concejo. El reemplazante ejerce a plenitud las funciones con las facultades y atribuciones inherentes al cargo.

Concluido el proceso penal respectivo, el Alcalde o Regidor absuelto reasume sus funciones en forma automática e inmediata, sin requerir pronunciamiento alguno del Concejo, haciendo de conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones (*)

(*) Modificado por el art. 1 de la Ley 26491.

Artículo 31.- La Municipalidad Provincial tiene como órgano de coordinación la Asamblea de Alcaldes Distritales, presidida por el Alcalde Provincial. Sus acuerdos son obligatorios para todos los Distritos cuando son aprobados por el Concejo Provincial y se refieren a las materias del Artículo 255º de la Constitución y el Artículo 11º de la presente Ley. (*)

(*)Se refiere a las competencias de las municipalidades. El artículo pertinente de la actual Constitución es el 192º.

Artículo 32.- Compete a la Asamblea de Alcaldes Distritales con relación a los Concejos Municipales de su respectiva Provincia:

1.-Coordinar la formulación de planes, programas y proyectos de desarrollo en la Provincia.

2.-Conocer y formular observaciones sobre los presupuestos de los Concejos Provinciales y Distritales, antes de su respectiva aprobación.

3.-Supervisar la adecuada ejecución de las acciones municipales interdistritales e intraprovinciales.

Artículo 33.- La Municipalidad Distrital tiene como órgano de coordinación la Asamblea de Alcaldes de Concejos Municipales Delegados y Agentes Municipales. Los acuerdos de la Asamblea son obligatorios cuando son aprobados por el Concejo Distrital. Compete a esta Asamblea las mismas funciones del artículo anterior en cuanto le sean aplicables.

Artículo 34.-Los Concejos Municipales pueden establecer Agencias Municipales en aquellos centros poblados que por la demanda de servicios, el número de sus habitantes o distancia, requieren la desconcentración de determinados servicios municipales. En las comunidades campesinas, cumplirá las funciones de Agente Municipal, la autoridad comunal designada conforme a sus usos y costumbres. Los Agentes Municipales son designados o cesados por el Alcalde, salvo en las comunidades campesinas. Representan a la Municipalidad y ejercen las atribuciones que el Concejo les confiere expresamente.

Artículo 35.-Para el cumplimiento de sus atribuciones, los Concejos Municipales pueden establecer:

1.- Organos consultivos, técnicos y de asesoramiento.

2.- Un cuerpo de vigilancia.

CAPITULO III

DEL CONCEJO MUNICIPAL

Artículo 36.- Los Concejos Municipales ejercen las siguientes atribuciones:

1.- Las previstas en el artículo 10º de esta ley.

2.- Aprobar y controlar los planes y proyectos de desarrollo local.

3.- Dictar, modificar y derogar las ordenanzas y edictos municipales de su competencia.

4.- Aprobar el Presupuesto Anual, la Cuenta General del ejercicio anual del presupuesto y la Memoria.

5.- Autorizar los programas de obras y servicios, así como los de inversiones,cuyo plazo de ejecución exceda de su ejercicio presupuestal.

6.- Aprobar la creación de empresas municipales, la participación de la Municipalidad en las de carácter mixto con los sectores público y privado, con sujeción al artículo 12º en los casos que corresponda.

7.- Aceptar donaciones y legados.

8.- Resolver los recursos de impugnación de su competencia.

9.- Cesar a los Directores Municipales por acuerdo de la mayoría del número legal de sus miembros.

10.- Declarar la vacancia de los cargos de Alcalde y de Regidor y resolver los pedidos de licencia que éstos formulen.

11.- Practicar las investigaciones que juzgue necesarias y recabar la información sobre entidades municipales y sobre aquellas en las que tenga participación la Municipalidad.

12.- Aprobar empréstitos internos y externos exclusivamente para obras y servicios públicos reproductivos con arreglo al Artículo 140º de la Constitución Política (*)

(*) Ver art. 75, in fine, de la Const. de 1993

13.- Acordar el régimen de la administración de los bienes y rentas encargadas al Municipio, así como el régimen de organización y administración de los servicios públicos locales.

14.- Aprobar las formas de participación vecinal con sujeción a la presente ley.

15.- Las demás atribuciones inherentes a sus funciones.

Artículo 37.- Los Regidores del Concejo tienen las siguientes atribuciones:

1.- Proponer proyectos de ordenanzas, edictos y acuerdos.

2.- Desempeñar las funciones ejecutivas que les encomiende el Concejo.

3.- Ejercitar función de fiscalización y vigilancia de los actos de la administración municipal.

4.- Integrar las comisiones permanentes o especiales de Regidores que determine el Reglamento Interno.

Artículo 38.- Los miembros del Concejo Municipal son responsables, individualmente, por los actos violatorios de la ley practicados en el ejercicio del cargo y solidariamente por las resoluciones y acuerdos adoptados, a menos que salven expresamente su voto, lo que debe constar en Acta.

Los Regidores no pueden ejercer cargos establecidos en el Cuadro de Asignación

de Personal, sean de carrera o de confianza, ni ocupar cargos de miembros del

Directorio, Gerente o en las Empresas Municipales o de nivel municipal de su

jurisdicción. Todos los actos que contravengan esta disposición son nulos.(*)

(**)La infracción de la prohibición anterior es causal de vacancia del cargo de

Regidor.

*) Párrafos añadidos por el art. 2 de la Ley 26483, publicada el 17/06/95.(

(**) Según el art. 3 de la Ley 26483, el Instituto Nacional de Administración Pública emitirá las directivas y normas complementarias que se requieran para la eficiente aplicación de dicha Ley. Por su parte, el art. 5 de la misma norma dispuso que entrara en vigencia a los 90 días calendario siguientes a su publicación. Sin embargo, la Ley 26523, publicada el 9 de agosto de 1995, modificó el art. 5 de la Ley 26483 disponiendo que esta última Ley entrará en vigencia dentro de los noventa días calendario siguientes a la fecha de su publicación, salvo en lo referente a los cargos de Directorio, Gerente u otro de similar nivel en las Empresas Municipales, cuya entrada en vigencia será el 1 de enero de 1996.

Artículo 39.-El Concejo Municipal sesiona ordinariamente cuando menos una vez cada quince días.

Sesiona extraordinariamente cuando lo convoque el Alcalde o lo solicite cuando

menos, la tercera parte del número legal de sus miembros.

En el caso de no ser convocado por el Alcalde dentro de los 5 días hábiles

siguientes a la petición, puede hacerlo el Teniente Alcalde o cualquier Regidor

previa notificación escrita al Alcalde. Entre la convocatoria y la sesión

mediarán, cuando menos, dos días hábiles.

Si el Alcalde o Teniente Alcalde concurre a la sesión así convocada, tiene

derecho a presidirla.

Todas las sesiones son públicas. Los debates y acuerdos constan en acta

autorizada por el Alcalde y el Secretario.

Artículo 40.- El quórum para la instalación y funcionamiento del Concejo se constituye con la presencia de más de la mitad de los miembros hábiles.

Para el cómputo del quórum no se considerará miembros hábiles:

1.- Los enfermos y ausentes que gocen de licencia concedida por el Concejo

Municipal.

2.- Los suspendidos en el ejercicio de sus funciones.

Se considerará número legal para los efectos de esta ley al Alcalde y a todos

los Regidores elegidos conforme a la Ley Electoral.

Artículo 41.-Los acuerdos se adoptan con el voto conforme de más de la mitad de los miembros asistentes salvo que la Ley exija un número mayor. El Alcalde vota sólo en calidad de dirimente.

Artículo 42.-En el caso que el Concejo no pueda reunirse por falta de quórum, se seguirá el siguiente procedimiento:

1.- El Alcalde conmina a los Regidores cuya inasistencia impide la instalación

o funcionamiento del Concejo.

El requerimiento se hace, en el plazo de ocho días, por tres veces, sentándose acta suscrita por el Alcalde, Secretario y Regidores asistentes. El tercer

requerimiento se hace bajo apercibimiento de declarar la vacancia.

2.- Si persistiera la inasistencia de los apercibidos en la tercera citación se

deja constancia de ello en el acta, suscrita por el Alcalde y los Regidores

asistentes, cuya copia autenticada se remite al Jurado Nacional de Elecciones.

3.- El Jurado Nacional de Elecciones declara la vacancia y llama a los

suplentes en orden de elección de la lista respectiva. Si los suplentes se

excusaren o no se hicieren presentes se cita al siguiente hasta agotar la

lista. Agotada ésta, convoca a elecciones complementarias para cubrir los

cargos vacantes.

Los Alcaldes y Regidores que ocasionen la vacancia, conforme a este artículo,

no pueden postular ni desempeñar cargo público durante los tres años

siguientes. Esta inhabilitación no alcanza a los suplentes.

Artículo 43.- Las convocatorias son notificadas por escrito a los interesados y publicadas en lugar visible del local municipal, sin perjuicio de cualquier otro medio de publicidad que se considere idóneo.

Artículo 44.- En el lapso que medie entre la declaración de vacancia y la elección de los nuevos Regidores, los asistentes conforman una Junta Ejecutiva Municipal presidida por el Alcalde, la que ejerce las atribuciones administrativas que la presente ley confiere a los Concejos Municipales. Sus acuerdos se toman por mayoría de sus miembros.

Artículo 45.- El Concejo Municipal constituye comisiones internas de trabajo integradas por los Regidores, en áreas básicas de servicios y de gestión municipal, con la finalidad de efectuar estudios, formular propuestas y proyectos de Reglamento de los servicios respectivos y emitir dictamen entre los asuntos sometidos al acuerdo del Concejo.

Artículo 46.- Los Alcaldes y Regidores de los Concejos Municipales presentarán declaración jurada de bienes y rentas dentro de los quince días de haber sido juramentados y, al cumplir su mandato, bajo responsabilidad.

CAPITULO IV

DE LA ALCALDIA

Artículo 47.- El Alcalde es el personero legal de la Municipalidad y le compete:

1.- Convocar y presidir las sesiones del Concejo Municipal.

2.- Promulgar las ordenanzas.

3.- Ejecutar los acuerdos del Concejo Municipal y cumplir y hacer cumplir las

ordenanzas municipales.

4.- Ejecutar los planes de desarrollo local.

5.- Proponer al Concejo Municipal los proyectos de ordenanzas, edictos y

acuerdos.

6.- Dictar decretos y resoluciones, con sujeción a las leyes, ordenanzas y

edictos vigentes.

7.- Someter a la aprobación del Concejo Municipal el Proyecto de Presupuesto

Municipal para el año siguiente, de acuerdo a los plazos y modalidades

establecidas en la Ley General del Presupuesto de la República, la Memoria

sobre la marcha y la Cuenta General del ejercicio económico fenecido.

8.- Controlar la recaudación de los ingresos municipales y autorizar los

egresos, en conformidad con la ley y el presupuesto aprobado.

9.- Defender y cautelar los derechos e intereses de la Municipalidad.

10.- Vigilar el cumplimiento de los contratos.

11.- Proponer al Concejo Municipal el proyecto de Reglamento interno.

12.- Proponer la creación, modificación y supresión o exoneración de

contribuciones, arbitrios, derechos, y en su caso, solicitar al Poder

Legislativo los tributos que considere necesarios.

13.- Nombrar y remover al personal administrativo y de servicio y otorgarles

licencias y permisos.

14.-Coordinar con las reparticiones públicas correspondientes la atención de

los asuntos municipales.

15.- Convocar a licitación pública o concurso de precios en los casos previstos

en el Artículo 143 de la Constitución Política (*)

(*) Ver art. 76 de la Const. de 1993.

16.- Tramitar y someter al Concejo Municipal, en su caso, los pedidos que

formulen los vecinos.

17.- Celebrar todos los actos y contratos necesarios para el ejercicio de su

función.

18.- Delegar sus atribuciones en los Regidores autorizados por el Concejo o en

los Directores Municipales, excepto las señaladas en los incisos 1, 2, 6, 7, 13

y 16.

19.- Otorgar poderes para la defensa del Concejo en asuntos judiciales,

administrativos y contencioso-administrativos.

20.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir las

disposiciones municipales.

21.- Derogado.

CAPITULO V

DE LA ADMINISTRACION Y PERSONAL MUNICIPAL

Artículo 48.- Los servicios y actividades municipales se prestan y cumplen, respectivamente, a través de las funciones de programación, dirección, ejecución, supervisión y control.

Artículo 49.- La dirección administrativa general y la de los diversos servicios están a cargo del Director Municipal y de los Directores respectivos, designados de acuerdo con la magnitud de las actividades administrativas y las posibilidades presupuestales. Sus facultades y funciones se establecen en el Reglamento Interno.

Artículo 50.- El Director Municipal y los Directores de servicios son funcionarios de confianza. Son nombrados por el Alcalde y pueden ser removidos por éste o por acuerdo del Concejo Municipal.

Artículo 51.- Las Municipalidades Provinciales y las Distritales que lo requieran pueden organizar un cuerpo de vigilancia municipal para el debido cumplimiento de los acuerdos, ordenanzas, edictos, decretos y resoluciones, por los vecinos, instituciones y establecimientos de la circunscripción.

Artículo 52.- Los funcionarios, empleados y obreros, así como el personal de vigilancia de las Municipalidades son servidores públicos sujetos exclusivamente al régimen laboral de la actividad pública y tienen los mismos deberes y derechos de los del Gobierno Central de la categoría correspondiente.

Cada Municipalidad elabora su escalafón de personal, de acuerdo con la

Legislación vigente y homologa sus remuneraciones, con arreglo al Artículo 60

de la Constitución (*)

(*) Ver arts. 39 y 40 de la Const. de 1993

CAPITULO VI

DE LA GESTION MUNICIPAL

Artículo 53.- Los servicios públicos locales pueden prestarse por cualesquiera de las siguientes modalidades siempre que se asegure el interés de los usuarios, la eficiencia del servicio y el adecuado control municipal:

1.- Por administración directa de la propia Municipalidad.

2.- Por empresas municipales o por empresas con participación municipal.

3.- Por empresas estatales o privadas mediante concesión.

4.- Por cualquier otra modalidad permitida por la ley.

Artículo 54.- La concesión de los servicios municipales se sujeta a las siguientes reglas y condiciones mínimas:

1.- Subasta pública.

2.- Limitación del plazo de la concesión a no más de 30 años.

3.- Garantía suficiente que asegure la eficiencia del servicio y el

cumplimiento de las obligaciones correspondientes a la naturaleza, calidad o

características de los servicios a prestar.

4.- Rescisión de la concesión por incumplimiento del contrato.

5.- Capital que debe invertir el concesionario y forma de su amortización.

6.- Tarifa de los servicios, la que podrá ser modificada por variación

justificada de sus costos.

Artículo 55.- Pueden otorgarse concesiones para la construcción y aprovechamiento de obras destinadas a fines recreativos, deportivos y similares, playas de

estacionamiento u otros servicios públicos, forestación y reforestación de

acuerdo con los planes urbanos.

La concesión puede autorizar el reembolso de la inversión mediante los

rendimientos de la obra o el aprovechamiento racional de los recursos naturales

generados, según el caso.

Artículo 56.- Es irrenunciable e indelegable la atribución de las Municipalidades de regular, inspeccionar y controlar la prestación de los servicios públicos locales y la de convenir y regular sus tarifas, con excepción de aquellas cuya regulación corresponde a otros órganos del Estado.

Artículo 57.- El Poder Ejecutivo conviene con las Municipalidades, a su solicitud, la transferencia de los servicios públicos locales que estén centralizados o las modalidades de participación municipal en su administración.

Artículo 58.- Las empresas municipales son creadas por acuerdo de la mayoría del número legal de Regidores. Dichas empresas adoptan cualesquiera de las modalidades previstas por la legislación que regula la actividad empresarial del Estado.

Artículo 59.- La adquisición de bienes o servicios, remates, ventas, permutas, transferencias de bienes o de derechos sobre ellos, arrendamiento, constitución de derechos reales de garantía, ejecución de obras y cualesquiera otros actos o contratos similares que celebren las municipalidades, se rigen por las normas relativas o aplicables a los bienes del Estado y a las reparticiones públicas según el caso.

Artículo 60.- La contratación de empréstitos y de operaciones de endeudamiento interno requieren la aprobación de la mayoría del número legal de miembros del Concejo. Pueden ser contratados con la garantía de las rentas municipales que generen y deben ser dedicados, bajo responsabilidad, las obras o servicios públicos que los motivaron y no a gastos corrientes. Los servicios de amortización e intereses no pueden afectar más del 30% de los ingresos del año anterior.

La contratación de empréstitos y operaciones de endeudamiento en el exterior se

sujetan a la Ley General de Endeudamiento Público Externo.

Artículo 61.- Derogado (Los empréstitos que acuerden los Concejos Distritales, deben ser aprobados por los Concejos Provinciales).(*)

(*)Este artículo ha sido derogado por el artículo único de la Ley N° 26760,publicado el 16.03.97

TITULO III

DE LA FUNCION MUNICIPAL

CAPITULO I

DE LAS FUNCIONES GENERALES

Artículo 62.- Corresponde a las Municipalidades, según el caso, planificar, ejecutar e impulsar a través de los organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la

satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, salubridad, abastecimiento, educación, recreación, transportes y comunicaciones. Estas acciones son realizadas con los propios recursos municipales y con los previstos por las leyes respectivas a los organismos del Poder Ejecutivo, organismos descentralizados, corporaciones de desarrollo, y en su oportunidad, a los gobiernos regionales. Estos y aquellos deben planificar sus programas de corto, mediano y largo plazo, en función de los requerimientos de las Municipalidades.

Artículo 63.- La acción municipal se ejecuta de acuerdo con planes integrales de desarrollo provincial, elaborados sobre la base de los distritales y comunales, cuya prioridad y programación es aprobada por los respectivos Concejos Municipales, con el voto favorable de la mayoría del número legal de sus miembros.

Su ejecución se lleva a cabo en la forma prevista por el artículo anterior,

empezando por los del nivel comunal, y con la asistencia técnica y económica,

en su caso, de los organismos centrales y regionales del sector público

respectivo. Estos últimos supervisarán que toda acción se sujete a las normas

técnicas correspondientes.

Artículo 64.- Los documentos normativos de las acciones de acondicionamiento territorial en cada municipio son los planos urbanos respectivos, que, en lo correspondiente al uso de tierras y a la regulación de las áreas urbanas, deben delimitar

1.- Las áreas agrícolas.

2.- Las áreas de expansión agrícola futura.

3.- Las áreas que serán dedicadas a parques, plazas, bosques y de recreación,

educación física y deportes.

4.- Las áreas en que se ubicarán los diversos servicios con fines de

abastecimiento, educación, cultura, transportes y otros necesarios para la

comunidad.

5.- Las áreas que se dedicarán a los distintos fines urbanos como

residenciales, comerciales, industriales, recreación, edificios públicos y

otros.

6.- Las áreas inhabitables o de seguridad por su demostrado peligro, sólo

dedicables a áreas verdes o forestales.

Las Municipalidades supervisan y controlan el uso de las tierras con sujeción a

este artículo, quienquiera que fuera el propietario. En caso de incumplimiento

son infractores los propietarios y usuarios. Ambos son pasibles de las

sanciones municipales de ley.

CAPITULO II

DE LAS FUNCIONES ESPECIFlCAS

Artículo 65.- Son funciones de las Municipalidades en materia de acondicionamiento territorial, vivienda y seguridad colectiva:

1.- Asumir las funciones que corresponden a los Concejos Provinciales y Distritales de Desarrollo; y promover la constitución de los Concejos Comunales de Desarrollo. Quedan modificadas en este sentido o derogadas, en su caso las

disposiciones del Título II, Capítulo VI, de la Ley Nº 23339.

2.- Formular, aprobar y supervisar los planes de desarrollo de los asentamientos humanos en concordancia con los planes nacionales y regionales respectivos y los planos urbanos a que se refiere el Artículo 64, con el apoyo técnico de los organismos especializados del Estado.

3.- Velar por la conservación de la flora y fauna locales y promover ante las

entidades respectivas las acciones necesarias para el desarrollo,

aprovechamiento racional y recuperación de los recursos naturales ubicados en

el territorio de su jurisdicción.

4.- Organizar el ámbito de la Municipalidad priorizando y contribuyendo a

desarrollar, en forma racional, la infraestructura básica de apoyo a la producción, al transporte, a los servicios sociales, a la comercialización y

abastecimientos alimenticios mediante la promoción o ejecución de obras tales

como canales de regadío, pequeñas irrigaciones, aulas vecinales, servicios de

educación, promoción de la vivienda popular, mercados, silos, frigoríficos y

similares.

5.- Mantener y, en la medida de sus recursos, construir la infraestructura urbana y rural (vías vecinales, servicios de agua, desagüe, luz, pavimentos, puentes, monumentos, parques, etc.) indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario.

6.- Promover el aprovechamiento de los recursos energéticos de su jurisdicción

y asegurar la prestación del servicio de alumbrado público, el suministro de

energía domiciliaria; procurando, además, satisfacer los requerimientos mínimos

de energía para el ámbito rural, mediante fuentes locales no convencionales.

7.- Determinar las zonas de expansión urbana en concordancia con la zonificación y planes de desarrollo urbano.

8.- Elaborar el catastro municipal.

9.- Aprobar las normas sobre ornato.

10.- Disponer la nomenclatura de avenidas, calles, jirones, pasajes, parques y

plazas; la numeración predial; y organizar y mantener los sistemas de señales y

semáforos del tránsito de vehículos y peatones. No se puede repetir en un mismo

distrito, el nombre o número asignado a una avenida, calle, jirón, pasaje,

parque o plaza, ni duplicar dicha nomenclatura en los lugares públicos

señalados. (*)

(*) Texto según Ley 26365

11.- Reglamentar, otorgar licencias y controlar las construcciones, remodelaciones y demoliciones de los inmuebles de las áreas urbanas, de conformidad con las normas del Reglamento Nacional de Construcciones y el Reglamento Provincial respectivo.

12.- Ejecutar, mantener y administrar, en su caso, proyectos de inversión en

beneficio de la Comunidad tales como embarcaderos, pistas de aterrizaje,

canalizaciones o recuperación de áreas deterioradas y similares.

13.- Procurar, conservar y administrar, en su caso, los bienes de dominio

público, como caminos, puentes, plazas, avenidas, paseos, jardines, edificios

públicos y otros análogos, con excepción de los que corresponden al Estado

conforme a ley.

14.- Promover la construcción de vivienda de tipo económico y el saneamiento de

áreas tugurizadas y la renovación de áreas declaradas inhabitables.

15.- Construir, habilitar, conservar y administrar los cementerios que se instalan a partir de la dación de esta ley, supervisar los existentes, organizar los servicios funerarios y reglamentar y supervigilar los existentes.

16.- Supervisar y controlar la construcción, mantenimiento y el cumplimiento de

las normas de seguridad e higiene de las salas de espectáculos, estadios,

coliseos y otros recintos abiertos al público incluyendo los establecimientos

hoteleros y otros de carácter comercial, social, cultural y religioso.

17.- Establecer, y de ser el caso, controlar el cumplimiento de las normas de

seguridad y promover los servicios públicos necesarios, contra incendios,

inundaciones y otras catástrofes.

18.- Regular y autorizar la ubicación de avisos luminosos, publicidad comercial

y propaganda política.

19.- Controlar y fiscalizar, las asociaciones formadas por vecinos, cualquiera

que fuera su finalidad, que recauden, previa autorización municipal, cotizaciones o administren bienes o recursos cuya propiedad sea del vecindario,

para garantizar el cumplimiento de sus fines.

En caso de constatar irregularidades, la Municipalidad procederá a denunciar ante el Ministerio Público a los autores de actos punibles y solicitará la intervención temporal para conformar los órganos administrativos conforme a

ley. La intervención es autorizada por el Juez de Paz del Distrito respectivo, por el mérito de los actuados de la fiscalización municipal. Su resolución sólo

es apelable ante el Juez de Primera Instancia. La intervención termina una vez

regularizada la administración y conformados los órganos de acuerdo a ley y a sus Estatutos, sin perjuicio de las acciones penales que pudieran derivarse. Artículo 66.- Son funciones de las Municipalidades en materia de población, salud y saneamiento ambiental:

1.- Normar y controlar las actividades relacionadas con el saneamiento ambiental.

2.- Difundir programas de educación ambiental.

3.- Normar y controlar el aseo, higiene y salubridad en establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos.

4.- Propiciar campañas de forestación y reforestación.

5.- Instalar y mantener servicios higiénicos y baños públicos.

6.- Promover y organizar acciones de medicina preventiva, primeros auxilios, postas médicas.

7.- Construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de primeros auxilios.

8.- Realizar programas de prevención y de educación sanitaria y profilaxia

local.

9.- Realizar campañas de saneamiento rural y control de epidemias.

10.- Establecer medidas de control de ruido del tránsito y de los transportes

colectivos.

11.- Organizar los registros civiles llevando las estadísticas correspondientes

de acuerdo con la legislación sobre la materia.

12.- Ejecutar el servicio de limpieza pública, ubicar las áreas para la acumulación de basura y/o el aprovechamiento industrial de desperdicios.

13.- Controlar la sanidad animal.

Artículo 67.- Son funciones de las Municipalidades en materia de defensa y promoción de los derechos del niño y el adolescente (*), educación, cultura, conservación de monumentos, turismo, recreación y deportes:

1.- Defender y promover los derechos del niño y el adolescente, orientando a la familia y capacitando a la comunidad, para cuyo fin deberán organizar y reglamentar el servicio de Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente, de conformidad con la legislación de la materia.(*)

2.- Inspeccionar permanentemente la forma en que se imparte la educación en el

área de su jurisdicción e informar, cuando menos semestralmente, a la autoridad

competente respecto de los centros poblados, áreas marginales y núcleos rurales

carentes de escuelas primarias así como respecto de la capacidad, seguridad, idoneidad, higiene y mantenimiento de los locales escolares y de las condiciones de funcionamiento de los servicios educativos correspondientes.(*)

3.- Participar con las autoridades competentes en la realización de programas de alfabetización y cooperar o promover su realización por la comunidad.(*)

(*) Texto modificado por Ley 26875 (15/11/97)

4.- Promover, cooperar, organizar y sostener cunas y guarderías infantiles,

establecimiento de protección al niño desvalido, al minusválido y al anciano.

5.- Promover, en general, las actividades culturales, fomentando la creación de

grupos culturales folklóricos, musicales, de historia y arte así como la organización de conservatorios, teatros y similares.

6.- Promover todo tipo de espectáculos culturales y supervigilar el cumplimiento de las normas a que ellos están sujetos a imponer las sanciones a que haya lugar en resguardo de la moral y de las buenas costumbres.

7.- Crear, organizar y mantener bibliotecas municipales y casas de cultura.

8.- Normar, coordinar, programar y fomentar la recreación deportiva de la niñez, y del vecindario mediante la promoción o la construcción de campos deportivos y parques o la reserva y acondicionamiento de bosques, áreas de paisaje natural o el empleo temporal de áreas y zonas urbanas apropiadas.

9.- Promover la organización de Comités Municipales de Deportes y la construcción, habilitación y uso de sus instalaciones deportivas.

10.- Establecer y conservar parques zoológicos, jardines botánicos, bosques

naturales y parques recreacionales ya sea directamente o mediante contrato o

concesión.

11.- Promover y asegurar la conservación y custodia del patrimonio cultural

local y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y

artísticos colaborando con los organismos regionales y nacionales

correspondientes en su restauración y conservación.

12.- Fomentar el turismo, restaurar el patrimonio histórico local y cuidar de

su conservación, regular las instalaciones y servicios destinados al turismo y

organizar, en cooperación con las entidades competentes, programas turísticos

de interés local.

13.- Promover y estimular la creación de fuentes de trabajo, la formación de asociaciones y grupos de desarrollo de tareas comunales en coordinación con el Sistema Nacional de Cooperación Popular.

14.- Estimular el ahorro personal y familiar y el desarrollo del cooperativismo.

Artículo 68.- Son funciones de las Municipalidades en materia de abastecimiento y comercialización de productos:

1.- Regular, cuando el interés social lo aconseje, el acopio, distribución,

almacenamiento y comercialización de los productos alimenticios, sancionando la

especulación, adulteración, acaparamiento y el falseamiento de pesas y medidas.

2.- Vigilar el cumplimiento de las normas legales referente a calidad y precios de los alimentos y bebidas así como las condiciones de higiene de quienes los

distribuyen y comercian.

3.- Regular y controlar el comercio ambulatorio.

4.- Promover y organizar ferias de productos alimenticios, agropecuarios y artesanales, así como apoyar la creación de mecanismos de comercialización

directa por los productores rurales.

5.- Fomentar la producción y consumo de productos propios de la localidad.

6.- Construir, organizar, supervisar y controlar, según el caso, mercados de abastos, camales, silos y terminales pesqueros, a fin de controlar los precios y calidad de los productos y el saneamiento ambiental.

7.- Otorgar licencias de apertura de establecimientos comerciales e industriales y de actividades profesionales y controlar su funcionamiento de acuerdo a ellas.

8.- Las demás que señala la Ley.

Artículo 69.- Son funciones de las Municipalidades en materia de transporte colectivo, circulación y tránsito:

1.- Regular el transporte urbano y otorgar las licencias o concesiones correspondientes de conformidad con los Reglamentos de la materia.

2.- Regular el transporte colectivo y controlar el cumplimiento de las normas y requisitos que correspondan conforme a Ley.

3.- Otorgar permisos para el uso de vehículos menores, tales como carretillas,

bicicletas, triciclos y análogos.

4.- Organizar y mantener los sistemas de señales y semáforos y regular el tránsito urbano de peatones y vehículos.

CAPITULO III

DE LAS ATRIBUCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES PROVINCIALES, DISTRITALES Y

DELEGADAS

Artículo 70.- Las Municipalidades Provinciales tienen las siguientes atribuciones:

1.- Formular, aprobar, ejecutar, supervisar:

a. El Plan Integral de Desarrollo Provincial.

b. El Plan de Acondicionamiento Territorial de la Provincia.

c. Los Planes Urbanos o Planes de Desarrollo de los asentamientos

humanos, previa coordinación con la Municipalidad Distrital respectiva.

2.- Aprobar las solicitudes de habilitación urbana de áreas agrícolas en los

siguientes casos:

- Cuando no hayan sido adjudicadas con fines de Reforma Agraria, salvo que - hubieran quedado como islas rústicas.

(*) Derogado por Ley 26878 (20/11/97) .- Ley de Habilitaciones Urbanas, que establece un nuevo procedimiento y tranfire la competencia de aprobar habilitaciones a las Municipalidades Distritales

3.- Usar de los terrenos de su propiedad y de los que le fueron cedidos por el Estado para la vigencia de su programa de desarrollo, ya sea por cuenta propia, o mediante la adjudicación o arrendamiento en pública subasta, a favor de personas naturales o jurídicas que se comprometen a realizarlos. En caso de emergencia o con fines de inversión que generen ocupación o cumplan fines sociales, la adjudicación puede ser directa, a precio de tasación oficial, a personas naturales o jurídicas que garanticen su ejecución. Dicha adjudicación quedará sin efecto si es dedicada a fines municipales, de acuerdo a ley.

4.- Representar al Estado en los procedimientos de expropiación de bienes con fines municipales, de acuerdo a ley.

5.- Prestar asistencia a los pobladores de los asentamientos humanos, establecidos conforme a ley dentro de su jurisdicción, para el saneamiento de su estructura físico-legal, hasta el otorgamiento del título de propiedad por el Concejo Provincial respectivo, y planificar otros nuevos, señalando en ambos casos las tasas y condiciones a cumplir por los beneficiarios.

6.- Delegar en las Municipalidades Distritales determinadas funciones para el mejor cumplimiento de lo señalado en el inciso anterior.

7.- Adjudicar a terceros previa subasta pública, los lotes de terrenos eriazos o ribereños que le sean transferidos por el Estado. Asimismo, recepcionar, calificar y tramitar ante los órganos competentes las solicitudes particulares sobre los mismos.

8.- Prestar, a nivel provincial, los servicios que requieran esta extensión para su mayor eficiencia y economía; Asimismo concertar los acuerdos del caso con los Concejos Distritales de su jurisdicción o Provinciales o Distritales vecinos a los que pudiera alcanzar el servicio de que se trata.

9.- Registrar los planos urbanos de las Municipalidades Distritales, así como de sus modificaciones y resolver los reclamos que formulen los vecinos por incumplimiento de los mismos.

10.- Crear las Municipalidades Delegadas, con arreglo al artículo 5º de la presente ley, encargándole los servicios públicos que deben atender.

11.- Vender en pública subasta los bienes no destinados a uso público.

Artículo 71.- Las Municipalidades Distritales son competentes para sostener o supervigilar, por lo menos, los siguientes servicios públicos esenciales para la comunidad:

1.- Abastecimiento de agua potable y desagüe;

2.- Mercados de abasto;

3.- Camal o matadero;

4.- Limpieza de vías públicas;

5.- Caminos vecinales carrozables;

6.- Alumbrado público y doméstico;

7.- Posta sanitaria;

8.- Registros Civiles;

9.- Cementerios;

10.- Bibliotecas Populares.

CAPITULO IV

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD PRIVADA

Artículo 72.- Corresponde a las Municipalidades la determinación de las limitaciones y modalidades de la propiedad privada en armonía con el interés social, en sus respectivas jurisdicciones y dentro del ámbito de su competencia, conforme a la presente ley.

Artículo 73.- Las modalidades que pueden imponer las Municipalidades a la propiedad privada son las siguientes:

1.- La fijación del uso de la tierra de conformidad con la zonificación, planes

reguladores y el Reglamento Nacional de Construcciones, a los que se someterá todo proyecto de urbanización, transferencia o cesión de uso para cualquier fin de terrenos urbanos y suburbanos.

2.- La obligación de no construir, reconstruir, ampliar, modificar o reformar un inmueble sino en la forma que establezca la ley, el Reglamento Nacional de Construcciones, el Provincial respectivo y ordenanzas sobre seguridad, salubridad y estética en la edificación o por razón de conservación de zonas monumentales y de edificios declarados monumentos históricos y artísticos de conformidad con las leyes de la materia o las ordenanzas municipales.

3.- La demolición de edificios construidos en contravención del Reglamento Nacional de Construcción y de las ordenanzas vigentes al tiempo de su edificación.

4.- La obligación de conservar el alineamiento o retiro establecidos y la de no sobrepasar las alturas máximas permitidas.

5.- La obligación de cercar propiedades y de usar o no determinados colores o de pintar periódicamente las fachadas.

Artículo 74.- Derogado. (*)

Artículo 75.- Derogado. (*)

Artículo 76.- Derogado. (*)

Artículo 77.-Derogado. (*)

Artículo 78.-Derogado. (*)

(*)Los artículos 74, 75, 76, 77 y 78 fueron derogados por la Ley Nº 23854

TITULO IV

DE LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD

CAPITULO UNICO

Artículo 79.- Los vecinos participan en el gobierno local mediante:

1.- Elecciones Municipales legalmente efectuadas.

2.- Juntas de Vecinos y Comités Comunales creados de acuerdo con la presente Ley.

3.- El ejercicio del derecho de petición.

4.- Las consultas que se formulen; y,

5.- La información que deben proporcionarles las Municipalidades.

Artículo 80.- Los Concejos Municipales pueden constituir, a propuesta del Alcalde, de los Regidores, o a petición de los vecinos Juntas de Vecinos encargadas de supervisar la prestación de servicios públicos locales, el cumplimiento de las normas municipales y la ejecución de obras comunales.

Artículo 81.-Los Comités Comunales son órganos consultivos y de apoyo que dependen del Alcalde. Su creación corresponde al Concejo Municipal, que señala su composición.

Artículo 82.-La Municipalidad informará cada 90 días a los vecinos de la marcha de los asuntos comunales y del estado de la economía Municipal. Cada sesenta días, el Concejo dedicará una de sus sesiones para tratar públicamente las materias de interés comunal que los vecinos así soliciten. El reglamento interno establecerá las normas de su desarrollo.

Artículo 83.-En los Municipios con población electoral no mayor de 3,000 votantes, y por acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de su Concejo, los vecinos pueden ser consultados en Cabildo abierto, en vía ilustrativa, para que expresen su opinión sobre materias de la competencia municipal. Los Cabildos Abiertos no pueden ser convocados ni pronunciarse sobre temas ajenos a la convocatoria ni sobre pedidos de renuncia, suspensión, destitución o reemplazo de los miembros del Concejo Municipal.

TITULO V

DE LA ECONOMIA Y LA HACIENDA MUNICIPAL

CAPITULO I

DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

Artículo 84.- El patrimonio municipal esta constituido por los bienes y rentas de cada Municipalidad.

Artículo 85.- Son bienes de las Municipalidades:

1.- Los inmuebles y muebles destinados a servicios públicos locales, edificios municipales y sus instalaciones y en general, todos los adquiridos, construidos y sostenidos por la Municipalidad.

2.- Los que posean a título privado y que no estén destinados a un servicio público.

3.- Los terrenos eriazos o ribereños, ubicadas en las áreas de expansión

urbana, que les transfiera el Estado.

4.- Los legados y donaciones que se hagan a su favor.

Artículo 86.- Los bienes municipales gozan de los mismos privilegios que los bienes estatales. Los destinados a uso público son inalienables e imprescriptibles.

Artículo 87.- Es obligación de los Concejos Municipales, bajo responsabilidad de sus miembros, constituir y mantener al día el Margesí de Bienes.

Artículo 88.- No pueden rematar o contratar obras y servicios públicos municipales, ni adquirir sus bienes o por interpósita persona el Alcalde, los Regidores y los empleados y funcionarios públicos. Los contratos, escrituras y resoluciones que contravengan lo dispuesto en este artículo son nulos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar, inclusive la de vacar en el cargo municipal o en la función pública.

Artículo 89.- Las Municipalidades pueden donar a los Poderes del Estado o a otros organismos del Sector Público, bienes inmuebles de su propiedad, o cederlos en uso a favor de personas jurídicas del Sector Privado sin fines de lucro a condición de que sean destinados exclusivamente a la realización de obras o servicio de interés o necesidad social.

En caso de incumplimiento parcial o total de la finalidad que motivo la donación o cesión, el inmueble revierte al dominio municipal.

CAPITULO II

DE LAS RENTAS MUNICIPALES

Artículo 90.- Son rentas de las Municipalidades:

1.- Las señaladas en el Artículo 257 de la Constitución (*)(*) Ver art. 193 de la Const. de 1993

2.- El impuesto de alcabala.

3.- Los aportes en terrenos o dinero, según el caso, para fines de recreación pública y parques zonales, que deben efectuar las personas naturales o jurídicas por los diferentes tipos de tierra para uso de vivienda en cumplimiento con el Reglamento Nacional de Construcciones.

4.- Las transferencias que reciban del Tesoro Público.

5.- Los frutos y los productos de sus bienes; el producto de la venta de los

bienes municipales y los ingresos que perciben provenientes de tarifas que

cobren, a título de precio, por los servicios que presten.

6.- Las utilidades generadas por las empresas de su propiedad o en las que

tengan participación.

7.- Las demás que les correspondan por leyes especiales.

Artículo 91.- Derogado. (*)

(*) Este artículo ha sido derogado por la Primera Disposición Final inc. u) del Decreto Legislativo 776.

Artículo 92.- Derogado. (*)

(*) Este artículo ha sido derogado por la Primera Disposición Final inc. u) del Decreto Legislativo 776.

Artículo 93.- Los tributos municipales no pueden gravar la entrada, salida o tránsito de bienes, mercaderías, productos y animales, salvo el peaje o pontazgo que gravan el uso por vehículo de la vía pública o puente, cuando estos han sido

construidos por el Municipio o son mantenidos por éste.

Artículo 94.-Las contribuciones, arbitrios, derechos y licencias se aprueban por la Municipalidad mediante Edictos que deben adoptarse con el voto conforme de no menos de la mitad del número legal de miembros del Concejo. Los edictos de las Municipalidades Distritales requieren de la ratificación del Concejo Provincial para su vigencia. Las exoneraciones de los mencionados tributos se aprueban mediante edictos de la Municipalidad con el voto conforme de no menos de las dos terceras partes del número legal de miembros del Concejo.

Artículo 95.- Los edictos de la Municipalidad a que se refiere el artículo 94 deben publicarse en el diario Oficial "El Peruano", o en el diario encargado de las publicaciones judiciales de la jurisdicción de la Municipalidad para su vigencia. Cuando la publicación no se efectué en el Diario Oficial "El Peruano", la Municipalidad correspondiente debe remitir copia autenticada de la respectiva publicación al Tribunal Fiscal, para su conocimiento.

Artículo 96.- Las reclamaciones sobre materia tributaria que interpongan individualmente los contribuyentes se rigen por las disposiciones del Código Tributario.

Corresponde al Alcalde Provincial o Distrital, en su caso expedir la Resolución en primera instancia. Contra la resolución del Alcalde Provincial procede el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Cuando la resolución se expida por un Alcalde Distrital, antes de recurrirse al Tribunal Fiscal, debe agotarse el recurso jerárquico correspondiente ante el Alcalde Provincial respectivo.

CAPITULO III

DE LOS FONDOS MUNICIPALES DE INVERSION

Artículo 97.- Créanse los Fondos Municipales de Inversión, con el objeto de proporcionar los recursos para el financiamiento del Programa de Inversiones y Obras de las Municipalidades Provinciales de la República.

El Fondo Municipal de Inversiones del Concejo Provincial de Lima, estará constituido por el Fondo Metropolitano de Inversiones, INVERMET, el que se regirá por lo establecido en su ley de creación y su reglamento, así como en la presente Ley Orgánica.

Artículo 98.- Son recursos de los Fondos Municipales de Inversión:

1.- El establecido en el inciso 2) del artículo 90.

2.- La participación provincial en la renta establecida por el Artículo 121 de la Constitución (*)

(*) Ver arts. 77, in fine, y 193, inc. 6 de la Const. de 1993

3.- Las donaciones de personas naturales o jurídicas a favor de obras específicas en los centros poblados. Estas donaciones son deducibles de la renta neta anual por un monto igual a su valor.

4.- La proporción del impuesto de rodaje correspondiente a cada Provincia.

5.- Los que cada Concejo acuerde aportar de sus rentas propias.

Artículo 99.-Los Fondos Provinciales de Inversión se aplicarán a la ejecución del Plan Provincial de Desarrollo Municipal, que apruebe la Asamblea de Alcaldes Distritales. Se observará en lo posible la siguiente distribución:

1.- 40% en obras de interés interdistrital.

2.- 60% en obras específicas en cada Distrito en proporción al número de

habitantes y las proyecciones de su crecimiento demográfico.

Artículo 100.- La prioridad en el Programa Distrital de obras en centros poblados se definirá por las donaciones a que se refiere el inciso 3) del artículo 98.

Artículo 101.- Los arbitrios destinados al mantenimiento de los servicios públicos en los Distritos con población urbana menor de 10,000 habitantes pueden ser redimidos por los usuarios mediante aportes personales en bienes y/o servicios para su instalación, mantenimiento y funcionamiento, mediante contrato con el respectivo Concejo Municipal.

Artículo 102.- Los Fondos Provinciales de Inversiones Municipales serán regidos por Estatutos propios los que adoptarán las normas sustanciales del INVERMET en lo referente a su administración y proporción dedicada a la inversión y gastos corrientes.

CAPITULO IV

DE LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES Y LA CONTABILIDAD

Artículo 103.- Las Municipalidades se rigen por presupuestos anuales como instrumentos de administración y gestión.

Los presupuestos contienen provisiones de ingreso y presupuestos de gastos. Los presupuestos de gastos municipales son corrientes y de inversión. Los presupuestos de gastos corrientes contienen partidas de egresos para la atención de las funciones, actividades y servicios municipales.

Los presupuestos de inversión especifican obras y estudios a ser ejecutados de

conformidad con el plan y programa anual de Inversiones Municipales.

Artículo 104.- Los aumentos de remuneraciones dispuestos por el Gobierno Central y que no estén provistos en el presupuesto municipal, serán cubiertos mediante

transferencia de aquél.

Artículo 105.- Vencido el ejercicio de Presupuesto el Director Municipal o en su caso el Alcalde o el Concejal encargado de esta función formulan la Cuenta Municipal del ejercicio fenecido, que debe ser sometido al Concejo Municipal para su aprobación respectiva, a mas tardar el 31 de marzo de cada año.

Artículo 106.- La contabilidad deberá llevarse de acuerdo con las normas generales de contabilidad pública. Los registros y libros respectivos deben estar legalizados conforme a ley.

Artículo 107.- La contabilidad puede ser llevada, en virtud de contrato por empresas de servicio, mediante Contrato con el Concejo Provincial, para todos los Concejos Distritales de su jurisdicción, previo acuerdo de la Asamblea de Alcaldes Distritales.

CAPITULO V

DEL CONTROL MUNICIPAL

Artículo 108.- La administración y uso de fondos por las Municipalidades están regidos por las normas del Sistema Nacional de Control.

TITULO VI

DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES SANCIONES Y RECURSOS DE IMPUGNACION

CAPITULO I

DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES

Artículo 109.- Los Concejos Municipales ejercen funciones de gobierno mediante Ordenanzas, Edictos y Acuerdos y sus funciones administrativas mediante Decretos y Resoluciones. Los Alcaldes ejercen sus funciones mediante Decretos y

Resoluciones.

Artículo 110.- Las Ordenanzas son normas generales que regulan la organización, administración o prestación de los servicios públicos locales, el cumplimiento de las funciones generales o específicas de las Municipalidades o establecen las limitaciones y modalidades impuestas a la propiedad privada.

Los Edictos son normas generales por cuya virtud se aprueban los tributos municipales y el Reglamento de Organización Interior.

Los Acuerdos son decisiones específicas sobre cualquier asuntos de interés público, vecinal o institucional que expresan la opinión de la Municipalidad, su voluntad de practicar un determinado acto o de sujetarse a una conducta o norma institucional.

Artículo 111.- Los Decretos establecen normas de ejecución de las Ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios a la administración Municipal o resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario

Las Resoluciones resuelven asuntos de carácter administrativo.

Artículo 112.- Las Ordenanzas Municipales, los Edictos y los Decretos deben ser publicados, salvo lo dispuesto en el artículo 96 para las normas de carácter tributario:

1.- En el diario oficial "El Peruano", si las normas son expedidas por las

Municipalidades de la Provincia de Lima, del Departamento de Lima.

2.- En el diario encargado de las publicaciones judiciales del lugar, si son

expedidos por la Municipalidad de la capital de un distrito judicial.

3.- Mediante Bandos públicos y carteles impresos fijados en lugares visibles y

en locales municipales, en todas las demás circunscripciones que no sean

capital de Distrito Judicial, de lo que dará fe la Autoridad Judicial

respectiva.

Sin el requisito de publicidad las normas a que este artículo se refiere no son

obligatorias.

Salvo casos de calamidad o fuerza mayor debidamente justificada las normas

municipales rigen a partir del décimo día calendario siguiente al de su

publicación.

Artículo 113.- Las disposiciones municipales y las de Alcaldía de interés particular se notifican en forma personal y de modo que acrediten la efectiva recepción por los interesados.

Las notificaciones de carácter tributario se sujetan a las normas del Código

Tributario.

Artículo 114.- Para el mejor cumplimiento de las resoluciones municipales, se observará las siguientes normas:

1.- Las autoridades políticas, administrativas y policiales, ajenas al Gobierno Local, tienen la obligación de reconocer y respetar la preeminencia de la autoridad municipal en los asuntos de su competencia. No pueden interferir en el cumplimiento de las Ordenanzas, edictos, acuerdos y resoluciones municipales ni en la recaudación y aplicación de sus rentas aprobadas conforme a ley.

2.- La interposición de acciones legales contra las resoluciones municipales no suspende ni impide el cumplimiento de las mismas, las que continuarán surtiendo sus efectos hasta que el órgano jurisdiccional respectivo expida su fallo de última instancia, salvo que el reclamante exponga razones atendibles ante el Juez de la causa.

3.- Las Fuerzas Policiales deben prestar el apoyo que requiera la autoridad municipal, para hacer cumplir sus disposiciones.

El incumplimiento de las normas contenidas en los incisos 1) y 3) precedentes,

dará lugar a la denuncia ante la autoridad superior respectiva para la aplicación de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar.

CAPITULO II

DE LAS SANCIONES

Artículo 115.- Las Ordenanzas Municipales pueden establecer las sanciones de multa, decomiso y clausura por infracción de sus disposiciones, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar conforme a ley.

Las sanciones pueden aplicarse simultáneamente y o alternativamente.

Artículo 116.- Los Concejos Municipales, por propia iniciativa o a solicitud de los Concejos Distritales, aprueban y modifican la escala de multas dentro de los límites mínimos y máximos.

Las multas de carácter tributario se sujetan a lo establecido por el Código Tributario.

Artículo 117.- La autoridad Municipal no puede aplicar multas sucesivas por la misma infracción ni por falta de pago de una multa o cuando la infracción haya sido sancionada por el Poder Ejecutivo. Asimismo no puede hacerlo por sumas mayores o menores a las previstas en la tabla pertinente.

Las multas no devengan interés.

Artículo 118.- La autoridad municipal debe ordenar el decomiso, previa acta, de artículos de consumo humano adulterados, falsificados, o en estado de descomposición; de productos que constituyen peligro contra la vida o la salud y de los artículos de circulación o consumo prohibidos por la ley.

Las especies en estado de descomposición y los productos de circulación o consumo prohibidos se destruyen o eliminan, inmediatamente bajo responsabilidad

de los órganos municipales respectivos.

Artículo 119.- Las autoridades municipales pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o servicios cuando su funcionamiento está prohibido legalmente y constituye peligro o sean contrarios a las normas reglamentarias, o produzcan olores, humos, ruidos u otros daños perjudiciales para la salud o tranquilidad del vecindario.

Artículo 120.- La autoridad municipal puede ordenar el retiro de materiales o la demolición de obras e instalaciones que ocupen las vías públicas o mandar ejecutar la orden por cuenta del infractor.

Puede Asimismo, demandar autorización judicial en la vía coactiva para la demolición de obras inmobiliarias prohibidas por Decreto Ley Nº 17355, reglamentos y ordenanzas municipales.

Artículo 121.- Los vecinos pueden denunciar ante la respectiva Municipalidad, las infracciones de las Ordenanzas o de las demás disposiciones municipales en que incurren los funcionarios y servidores municipales y los particulares.

Las autoridades municipales deben pronunciarse sobre la denuncia, necesaria y obligatoriamente, e imponer las sanciones correspondientes o declarar improcedente la denuncia, en un plazo no mayor de 30 días. En este último caso se impone al o a los denunciantes una multa, si la denuncia fuese maliciosa o carente de fundamento.

CAPITULO III

DE LOS RECURSOS DE IMPUGNACION

Artículo 122.- Los actos administrativos municipales que den origen a reclamaciones individuales, se rigen por el Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. (*)

Los asuntos de índole tributario se regulan por las normas del Código

Tributario.(*)

(*)Ver D.S. 02-94-JUS (31/10/94)

Artículo 123.- Los miembros del Concejo Distrital pueden apelar ante el Concejo Provincial respectivo de las Ordenanzas, Edictos y Decretos dentro del término de tres días hábiles, más el término de la distancia, posteriores a la fecha de

aprobación. Con la resolución que expida el Concejo Provincial queda agotada la

vía administrativa.

Los miembros del Concejo Provincial pueden ejercer derecho similar ante el órgano de Gobierno Regional, con la Resolución que expide el Gobierno Regional, queda agotada la vía administrativa.

Artículo 124.- Agotada la vía administrativa, proceden las siguientes acciones:

1.- Acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, contra las Ordenanzas Municipales (*)

(*) Ver Ley 26453, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

2.- Acción popular ante el Poder Judicial contra los edictos y los decretos de

Alcaldía que aprueben normas de aplicación de las ordenanzas o resuelvan cualquier asunto de carácter general en contravención con las normas legales

vigentes.

3.- Acción de contradicción o impugnación judicial contra los Acuerdos del Concejo Municipal, y las Resoluciones que resuelvan asuntos de carácter subjetivo ante el órgano jurisdiccional.

Las acciones se interponen en los términos que señalan las leyes de la materia.

Las acciones de contradicción o impugnación de resoluciones Administrativas se interponen dentro de los 60 días siguientes a la fecha de notificación de la Resolución que puso fin a la instancia.

CAPITULO IV

INTERRELACIONES MUNICIPALES

Artículo 125.- Las Municipalidades pueden celebrar Congresos Nacionales o Regionales para intercambiar experiencias, coordinar su acción y contribuir al

perfeccionamiento de la legislación municipal.

Pueden constituir, asimismo una asociación de municipalidades con fines análogos a los señalados en el párrafo anterior.

Artículo 126.- Las Municipalidades, se relacionan con los Poderes Públicos, Gobiernos Regionales y entre sí, a fin de coordinar sus acciones en los distintos niveles e instancias. Asimismo las Municipalidades proporcionan la información que requieren los Senadores y Diputados, de conformidad con el artículo 179 de la Constitución Política del Perú y la que le sea solicitada por los Ministerios del Estado y por la Contraloría General (*)

(*) Ver art. 96 de la Const. de 1993

TITULO VII

DEL FOMENTO A LA ACCION MUNICIPAL

CAPITULO UNICO

DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO MUNICIPAL

Artículo 127.- Créase el Instituto Nacional de Fomento Municipal con sede en la Capital de la República. Es persona jurídica de derecho público interno dependiente de la Oficina del Primer Ministro. Su organización, atribuciones y recursos serán fijados por Decreto Supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros.

El órgano rector del Instituto es el Consejo Directivo Nacional integrado por:

Un representante del Presidente de la República, que lo preside.

Un representante del Ministerio de Vivienda.

Un representante del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio.

Un representante del Instituto Nacional de Administración Pública.

Un representante del Instituto de Planificación.

Cuatro representantes de las Municipalidades; uno por el norte, uno por el

centro, uno por el sur y uno por el oriente.

Artículo 128.- Son funciones del Instituto Nacional de Fomento Municipal:

1.- Prestar apoyo técnico a las Municipalidades y asesorarlas en el cumplimiento de sus atribuciones a requerimiento de ellas mismas, a fin de lograr eficiencia en la prestación de los servicios públicos locales y un racional aprovechamiento de los recursos de que disponen.

2.- Cooperar en los estudios de financiamiento de los proyectos municipales de desarrollo local, servicios públicos y similares.

3.- Realizar investigaciones y/o estudios sobre la realidad municipal y difundirlas para uso de las Municipalidades.

4.- Proporcionar a las Municipalidades, servicios de capacitación de personal,

compilación y difusión de la legislación necesaria para el desarrollo de la vida municipal.

5.- Representar a las Municipalidades ante los órganos del Gobierno Central o de empresas públicas ante las cuales deban efectuar trámites relacionados con sus funciones.

TITULO VIII

DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 129.- La Capital de la República tiene el régimen especial del presente Título, en conformidad con el artículo 258 de la Constitución Política del Perú (*)

(*) Ver art. 196 de la Const. de 1993

Artículo 130.- La Capital de la República es sede de la Municipalidad Metropolitana la que ejerce jurisdicción sobre la Provincia de Lima.

Artículo 131.- Son órganos de gobierno de la Municipalidad Metropolitana:

1.- El Concejo Metropolitano.

2.- El Alcalde Metropolitano.

3.- La Asamblea Metropolitana de Alcaldes.

Son órganos de asesoramiento de la Municipalidad Metropolitana:

1.- La Junta de Planeamiento Metropolitana.

2.- La Junta de Participación y Cooperación Metropolitana.

3.- Las Comisiones especiales de asesoramiento.

Artículo 132.- Las Municipalidades Distritales integrantes de la Municipalidad Metropolitana se rigen por las disposiciones que se señalan en la presente ley para los Concejos Distritales en general, con las limitaciones comprendidas en el presente Título (*)

(*) Modificado por Ley 26317 de 29/05/94

CAPITULO II

DEL CONCEJO METROPOLITANO

Artículo 133.- El Concejo Metropolitano de Lima esta integrado por un Alcalde y los Regidores que establezca la Ley Electoral.

Artículo 134.-Compete al Concejo Metropolitano:

1.- Ejercer las atribuciones que, conforme a esta ley corresponden a los Concejos Provinciales.

2.- Aprobar y evaluar el Plan de Desarrollo Metropolitano en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo.

3.- Coordinar con los Ministerios y demás organismos del Gobierno Central las acciones necesarias en asuntos de su competencia.

4.- Dictar ordenanzas, edictos y adoptar acuerdos de alcance Metropolitano.

5.- Aprobar, ejecutar, evaluar y controlar el presupuesto de la Municipalidad

Metropolitana.

6.- Acordar el régimen de organización interior de la Municipalidad Metropolitana y orientar el régimen de organización de los Distritos de su jurisdicción.

7.- Normar y organizar y de ser el caso administrar los servicios públicos y aprobar las obras públicas municipales metropolitanas.

8.- Regular el transporte colectivo, la circulación y el transporte metropolitano.

9.- Aprobar y autorizar la celebración de contratos con entidades públicas y privadas, preferentemente locales, la atención de servicios públicos, inversiones y obras de carácter metropolitano.

10.- Aprobar y autorizar la celebración de contratos de créditos internos para la ejecución de obras de carácter metropolitano, y la contratación de créditos externos, de conformidad con las autorizaciones legislativas correspondientes.

11.- Supervisar y fiscalizar el servicio de vigilancia municipal metropolitana.

12.- Cooperar con la educación inicial y primaria y vigilancia de su normal funcionamiento, de acuerdo con los artículos 24 y 30 de la Constitución Política del Perú (*)

(*) Ver arts. 16 y 17 de la Const. de 1993

13.- Proponer al Poder Ejecutivo la modificación, creación o supresión de Distritos de su circunscripción. Aprobar los planos de la zonificación metropolitana para los efectos de una mejor prestación de servicios y administración municipal en general.

14.- Dirigir y controlar las empresas municipales.

15.- Participar mayoritariamente en los Directorios de las empresas del sector público, que dentro de su jurisdicción, tengan a su cargo los servicios que la Constitución y la ley reservan a las Municipalidades.

16.-Ejecutar las demás funciones que la ley señale.

Artículo 135.- Contra las ordenanzas, edictos y acuerdos de la Municipalidad Metropolitana se puede interponer recurso de reconsideración, con lo que se da por agotada la vía administrativa, en la forma prevista en el artículo 124 de esta ley.

CAPITULO III

DEL ALCALDE METROPOLITANO

Artículo 136.- Para ser Alcalde de Lima se necesitan los mismos requisitos que para ser elegido Diputado, excepto ser peruano de nacimiento.

Corresponden al Alcalde Metropolitano de Lima además de las atribuciones inherentes a los demás Alcaldes Provinciales, las siguientes:

1.- Coordinar con los Ministros y demás órganos del Gobierno Central las acciones necesarias en asuntos de su competencia.

2.- Formular el Plan de Desarrollo Metropolitano, en coordinación con la Municipalidad del Callao y las reparticiones pertinentes de la administración, con sujeción a los planes nacionales de desarrollo.

3.- Ejecutar, evaluar y controlar el Presupuesto de la Municipalidad Metropolitana.

4.- Organizar, ejecutar y administrar los servicios públicos locales y la ejecución de las obras.

5.- Organizar y controlar el sistema del transporte colectivo, la circulación y el tránsito metropolitano.

6.- Suscribir los contratos en que sea parte la Municipalidad.

7.- Otorgar licencias para obras de habilitación urbana, construcción, renovación y demolición en la Provincia de Lima, ya sea directamente o por intermedio de las Municipalidades Distritales.

8.- Aprobar la identificación, calificación, planos definitivos de trazado y lotización, así como el otorgamiento de títulos de propiedad en los asentamientos humanos de la Provincia poniéndolos en conocimiento de las Municipalidades Distritales para su cumplimiento.

9.- Aprobar los cambios de los estudios a nivel específico.

10.- Organizar y dirigir la política municipal metropolitana.

11.- Nombrar y contratar a los funcionarios y servidores en general.

12.- Designar a los Directores de las empresas municipales y los de las empresas del sector público que tengan a su cargo la prestación de los servicios que la Constitución y la ley reserven a las Municipalidades.

13.- Presidir el Concejo Metropolitano y la Asamblea Metropolitana.

CAPITULO IV

DE LA ASAMBLEA METROPOLITANA

Artículo 137.- La Asamblea Metropolitana de Alcaldes se integra por el Alcalde Metropolitano y los Alcaldes Distritales de la Provincia de Lima. Sus funciones son de coordinación para la eficiente ejecución de las funciones, el desarrollo de los planes y el cumplimiento de los fines de la Municipalidad Metropolitana. Se reúne por lo menos una vez cada dos meses.

Artículo 138.- La Asamblea Metropolitana puede crear Comisiones de Regidores Provinciales y Distritales para los fines previstos en el artículo 43 de la presente ley.

Artículo 139.- La organización, funcionamiento y el número de las Comisiones de Regidores son determinados por la Asamblea Metropolitana.

CAPITULO V

DE LOS ORGANOS METROPOLITANOS DE ASESORAMIENTO

Artículo 140.- La Municipalidad Metropolitana tiene una Junta de Planeamiento Metropolitano a fin de asesorar al Alcalde en:

1.- La formulación y evaluación de la planificación del desarrollo integral de la circunscripción.

2.- La formulación y evaluación del plan de acondicionamiento territorial.

3.- La formulación y supervisión del servicio de catastros.

4.- La organización y control del servicio de información y estadística.

Artículo 141.- La Junta de Planeamiento Metropolitano será presidida por el Alcalde de Lima, es integrada por los representantes de más alto nivel de los Ministerios de Economía, Finanzas y Comercio; de Vivienda; de Transportes y Comunicaciones; de Agricultura; de Salud; del Instituto Nacional de Planificación; del Instituto Nacional de Cultura; un representante de las Universidades del Estado y otro de las Universidades privadas.

Artículo 142.- La Junta de Participación y Cooperación Metropolitana asesora y apoya al Concejo Metropolitano en la gestión de los servicios y obras metropolitanas. Esta integrada por los delegados de las instituciones representativas, de las actividades económicas, culturales, laborales y sociales de la Provincia de Lima. El Reglamento Interno de la Municipalidad Metropolitana determina el número de representantes y sus funciones.

Artículo 143.- El Alcalde de Lima puede constituir Comisiones para que presten servicios de asesoramiento con carácter de ad honorem, en los asuntos metropolitanos que estime necesario.

CAPITULO VI

DE LA ADMINISTRACION METROPOLITANA

Artículo 144.- Los actos y contratos municipales, la prestación de los servicios públicos locales y los regímenes de la economía municipal, presupuestal, de las empresas municipales, de los servicios municipales, así como todo lo relacionado con las sanciones, se sujetan a las normas generales de la presente ley.

Artículo 145.- El Concejo Metropolitano determina, previo pronunciamiento de la Asamblea Metropolitana de Coordinación, la distribución de los recursos que corresponden en los casos que la ley no lo establezca.

La distribución se efectúa teniendo en cuenta la proporción en que los Distritos aportan los recursos respectivos, requerimientos de los servicios públicos locales de carácter metropolitano y las necesidades de cada Distrito. Se exceptúan de esta disposición los recursos que por ley especial se asigne a

determinadas Municipalidades.

Artículo 146.- Rigen las demás disposiciones de la presente ley para la Municipalidad Metropolitana y los Distritos de su jurisdicción en todo aquello que no se oponga expresamente.

TITULO IX

DISPOSICIONES ESPECIALES

Revisión de Expedientes de Adjudicación

Artículo 147.- Los expedientes sobre adjudicación de terrenos, iniciados al amparo de la Ley Nº 4940 y Decreto Ley Nº 18460, con posterioridad al 1 de Enero de 1971, incluyendo aquellos en los que se haya expedido resoluciones aprobatorias de la adjudicación, serán revisados y resueltos los que así requieran por las Municipalidades Provinciales. Para este efecto, el Ministerio de Vivienda les remitirá los expedientes respectivos.

Artículo 148.- Respecto de dichos expedientes, las Municipalidades Provinciales quedan facultadas para proceder en la forma siguiente:

1.- Proseguir el trámite en los que no se haya expedido resolución de adjudicación, pero adecuándolos a los criterios establecidos en el artículo 70,

inciso 3) y en el Decreto Supremo a que se refiere el artículo siguiente de esta ley, siempre que no se afecten derechos de terceros legalmente adquiridos.

2.- Determinar el incumplimiento o transgresión de las disposiciones legales vigentes al momento de la expedición de las resoluciones autoritarias de la jurisdicción, en los expedientes en los que se haya expedido tales resoluciones, aunque la transferencia de dominio se encuentre inscrita en los Registros Públicos.

Adjudicación de Terrenos Eriazos y Ribereños

Artículo 149.- A partir de la vigencia de la presente ley, las solicitudes de adjudicación de terrenos eriazos o ribereños ubicados dentro de las áreas de expansión urbana, serán presentados a las Municipalidades Provinciales de la jurisdicción en que se encuentren ubicados los terrenos de la petición.

Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Vivienda, se señalará los

requisitos, condiciones y procedimientos de la adjudicación, la que se efectuará necesariamente con arreglo a los criterios que para el efecto se señala en el inciso 3) del artículo 70 de la presente ley.

Regularización de Títulos en Asentamientos Humanos

Artículo 150.- Los poseedores de terrenos en los Asentamientos a que se contrae el artículo 70 inciso 5) tienen derecho a adquirir la propiedad de los mismos, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1.- Acreditar una posesión continua personal no menor de tres años a la vigencia del Decreto Legislativo Nº 51, en terrenos de libre disposición del Estado, no comprometidos o reservados por las entidades del Sector Público Nacional para otros fines o en terrenos de propiedad privada que serán debidamente expropiadas a condición que no estuvieran dedicados a uso agropecuario o con viviendas construidas, en construcción u obras de urbanización autorizadas o en ejecución, dentro del plazo de ley. Es condición indispensable que sea la única propiedad inmobiliaria y que este destinada a vivienda o lugar de trabajo del ocupante.

2.- Estar empadronados como poseedores en los registros que establezcan al efecto las Municipalidades Provinciales de las jurisdicciones en la que se ubiquen los asentamientos.

3.- Satisfacer las exigencias de identidad personal y seguridad de los ocupantes de dichos asentamientos.

Artículo 151.- El título de propiedad referido en el artículo anterior será expedido por las Municipalidades Provinciales de la jurisdicción correspondiente. Los títulos respectivos se expiden en documento impreso para ese fin de acuerdo con las normas dictadas por los Ministerios de Justicia y de Vivienda. Dichos títulos son suficientes para la primera inscripción de dominio de los inmuebles respectivos en los Registros Públicos, la que estará exonerada de derecho de estudios de título y de inscripción. En caso de controversia sobre el mejor derecho al título procede la impugnación ante el Poder Judicial.

Artículo 152.- (*) Derogado por la Ley 23854

Artículo 153.- (*) Derogado por la Ley 23854

Artículo 154.- (*)Derogado por la Ley 23854

Artículo 155.- Sólo tendrán derecho a lo establecido en el artículo 70 inciso 5) los integrantes de asentamientos humanos debidamente registrados y con expedientes en trámite de adjudicación, a la fecha de promulgación de la presente.

Carecen de este derecho los asentamientos que se establecieren en el futuro sin

haber recabado previamente la autorización del Concejo Provincial ni haber cumplido los requisitos señalados por éste. Las autoridades competentes procederán a desalojar a solicitud de las Municipalidades Provinciales los terrenos ocupados sin autorización municipal previa. Los promotores y ejecutores de tales actos, serán pasibles de las acciones penales a que hubiere lugar.

Artículo 156.- Es nulo todo certificado de posesión o adjudicación de terrenos a que se refiere este Capítulo, que no haya sido otorgado por las Municipalidades

Provinciales.

Adjudicación de Terrenos para Urbanizaciones Populares

Artículo 157.- Antes de acceder a cualquier pedido de adjudicación de terrenos con fines de lotización o urbanización de tipo popular, las Municipalidades Provinciales notificarán a los propietarios de terrenos colindantes, quienes pueden formular observaciones sobre lo siguiente:

1.- Areas de su propiedad afectadas.

2.- Derechos reales afectados, tales como entradas, salidas, usos, costumbres,

servidumbres, y cualesquiera otras.3.- Infracciones al Plano regulador y la Carta reguladora de usos de tierras.

Artículo 158.- Con las observaciones formuladas las Municipalidades modificarán la ubicación y linderos de los terrenos solicitados, poniendo en conocimiento de los colindantes la resolución tomada.

Artículo 159.- Terminados los procedimientos a que se refiere el artículo anterior el Concejo Provincial comunicará lo actuado a la Dirección de Bienes Nacionales para que haga las anotaciones y efectué las transferencias correspondientes a favor de la Municipalidad. Si en el plazo de 90 días la Dirección de Bienes Nacionales no formulare observaciones ni otorgare la respectiva escritura de transferencia de dominio a favor de la Municipalidad, ésta recurrirá al Juez de Primera Instancia, solicitando su otorgamiento por el mérito de lo actuado.

Artículo 160.- El Concejo Provincial puede proceder a otorgar las autorizaciones provisionales de posesión simultáneamente con la solicitud ante el Juez de Primera Instancia, señalando los precios de transferencia y derechos de lotización a ser pagados por los solicitantes. Los primeros serán rentas del Concejo Distrital y los segundos del Provincial.

Exoneración Ley Nº 16000.

Artículo 161.- Las Municipalidades están exoneradas de los alcances del inciso b) del artículo 5 de la Ley Nº 16000.

Rentas de Municipalidades Delegadas

Artículo 162.- En los Distritos en que existan Municipalidades Delegadas las rentas recaudadas se distribuirán en proporción de los servicios públicos delegados.

La Asamblea Distrital de Alcaldes de Municipalidad Delegada acordará el procedimiento para la consolidación mensual de la recaudación y la determinación de la cuota de cada Municipalidad. La Municipalidad Delegada que hubiera recaudado por encima de su cuota remitirá el excedente a la Distrital y ésta remitirá el faltante a la que hubiere recaudado por debajo de su cuota, dentro de los treinta días del mes siguiente, bajo responsabilidad del Alcalde respectivo.

Derogatoria del D. Leg. Nº 51

Artículo 163.- Derógase el Decreto Legislativo Nº 51 en la fecha señalada en el artículo siguiente. Deróganse, igualmente o modifíquense según el caso, las leyes que se opongan a la presente.

Artículo 164.- Esta Ley entrará en vigencia el 1 de Enero de 1984, salvo el Título X que regirá a partir del día siguiente de su publicación.

TITULO X

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Las normas del presente Título tienen el carácter de Disposiciones Ordinarias

SEGUNDA.- El Gobierno Central a solicitud de las Municipalidades dispondrá la

transferencia progresiva, a ellas, de los organismos y servicios que cumplen

funciones que, conforme a la Constitución y a esta ley sean de competencia de

los Concejos Municipales.

TERCERA.- (*).Derogada por la Ley 26317 de 29/05/94

CUARTA.- En tanto se constituyan los Gobiernos Regionales, la vía administrativa queda agotada con las Resoluciones que expidan los Concejos Provinciales, respecto de las apelaciones interpuestas contra Resoluciones de Concejos Distritales y contra las que dichos Concejos Provinciales expidan sobre las reconsideraciones que se interponga, contra sus propias Resoluciones. Se exceptúan de esta forma las Resoluciones que expidan los Concejos Municipales disponiendo la expropiación de bienes y similares cuya tramitación concluya con la resolución que, en última instancia, expida la Corporación Departamental respectiva. Se exceptúan igualmente las Resoluciones recaídas en reclamaciones tributarias y en las relacionadas con los derechos de los servidores municipales, que se regularán por las normas específicas correspondientes.

QUINTA.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que, de conformidad con el Artículo 188 de la Constitución con cargo de dar cuenta al Congreso y por el término de 90 días, integre las disposiciones legales y administrativas vigentes en materia

tributaria municipal formulando para este propósito el o los textos únicos concordados correspondientes.

El Poder Ejecutivo publicará un Manual con los textos a que este artículo se

refiere bajo el Título de "Tributación Municipal del Perú".

SEXTA.- Delégase, asimismo, facultades legislativas en el Poder Ejecutivo para que en el término de 90 días dicte una nueva Ley de Impuestos de Alcabala y modifique el Decreto Legislativo Nº 57 y la Ley Nº 23552, todo lo cual regirá a partir del 1 de Enero de 1984 de conformidad con las siguientes bases:

1.- El impuesto gravará la transferencia de inmuebles urbanos y rústicos a título oneroso o gratuito, con excepción de los anticipos de legítima y transferencia a título hereditario y las naves y aeronaves.

2.- La base imponible estará constituida por el monto de la transferencia y en todo caso por un monto no menor del valor vigente del inmueble determinado o conforme las normas que rigen el impuesto al valor de la propiedad predial.

3.- La tasa del Impuesto será de 6%.

4.- Los contribuyentes serán tanto el comprador como el vendedor a razón del

50% cada uno.

5.- Son sujetos inafectos al impuesto en la parte que le correspondería:

El Gobierno Central, los Gobiernos regionales y las Municipalidades; las Instituciones Públicas, los Organismos Internacionales, los Gobiernos extranjeros, las Universidades y los Centros educativos y Culturales. La ley no

concederá ninguna exoneración teniendo en cuenta lo dispuesto en el inciso f) del artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 259.

6.- Las Municipalidades percibirán el íntegro del rendimiento del Impuesto de

alcabala y asumirán su administración a partir del 1 de enero de 1985.

Durante el año 1984 percibirán el 25% del rendimiento de dicho Impuesto, cuota que se pagará por separado, en la respectiva Municipalidad Distrital.

Son aplicables al Impuesto de Alcabala las normas de los artículos 23, 24 y 25 de la Ley Nº 23552.

7.- La tasa mínima a que se refiere el párrafo primero del artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 57 será del 0.20 de la unidad impositiva tributaria.

8.- El primer tramo de la escala del artículo 9 de la Ley Nº 23552 queda

modificado en la siguiente forma: Tramo Autovalúo Alícuota Hasta 12 UIT 0.05%

SEPTIMA.- Los terrenos que a la fecha de la promulgación de esta ley correspondan a las Municipalidades Provinciales en aplicación de las disposiciones transitorias primera y segunda del Decreto Legislativo Nº 143, se inscribirán en los Registros Públicos a nombre de éstas, por el sólo mérito de su solicitud, siempre que no exista asentamiento de transferencia a favor de terceros.

 

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