Los recursos naturales constituyen la principal riqueza y la base para el desarrollo de nuestro país, posibilitando fuentes de producción e inversión privada que darán lugar a puestos de trabajo necesarios para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos en el país.

El Perú es el país de la megadiversidad y de los récords mundiales en cantidades de especies de aves, mamíferos, reptiles, insectos, peces, entre otros. Tanto en flora como en fauna, en diversidad de climas y de ecosistemas nuestro país es privilegiado por las múltiples posibilidades que provee esta realidad geográfica y natural. A su vez esta riqueza hace complejo el manejo de los recursos en el país y obliga a dictar las medidas del caso para lograr que la misma no desaparezca y que, por el contrario, se conserve e incremente, aumentando por tanto los posibles usos que se pueda dar a esta diversidad.

Esta realidad implica responsabilidad y la decisión política de llevar a cabo el aprovechamiento de los recursos naturales del país en beneficio de las presentes y las futuras generaciones. Esto no es sólo una declaración vacía. Es una decisión que tiene efectos prácticos en la economía, en los índices de desarrollo humano de nuestro país, en general en el elevamiento de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. El aprovechar sosteniblemente nuestros recursos generará más riqueza y sin duda aproximará al país en mejores condiciones ante la competencia de las naciones en los años venideros.

En ese contexto la Constitución Política del Perú de 1993 recogió de manera apropiada las nuevas tendencias que sobre esta materia se discuten a nivel global y, en esa medida, emitió el mandato de emitir una norma sobre aprovechamiento de los recursos naturales en su artículo 66. La importancia de la misma es que constituye el marco referencial que regulará toda la legislación posterior que sobre la materia de los recursos naturales de cualquier índole sea emitida. Los elementos que incluye, tal como le señala el mandato constitucional, son las condiciones de utilización y de otorgamiento a particulares.

La Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales guiará todo el desarrollo legislativo posterior y es, en esa medida, que la Comisión de Ambiente, Ecología y Amazonía del Congreso de la República del Perú, durante el período legislativo 1996 - 1997, consideró de especial importancia su dación en el marco del mandato constitucional.

En el contexto de un proceso que hemos denominado de aproximaciones suscesivas para la búsqueda del consenso entre los miembros de la Comisión, la Presidencia consideró de especial importancia el desarrollo de un esquema de consultas a todo nivel con el objetivo de lograr un dictamen que recogiera las opiniones técnicas y los intereses de todos los involucrados en el tema del manejo de los recursos naturales, a través de sus representantes en la sociedad civil, especialmente universidades, gremios, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias de base, entre otros.

La labor de la Presidencia en este sentido fue colaborar en la búsqueda del consenso entre los diferentes grupos políticos representados en el seno de la comisión a fin que el documento final a ser suscrito representara los puntos de vista y los acuerdos en base a las opiniones técnicas recibidas. Se trató pues de un proceso de aprendizaje y enseñanza proactivo que trajo como resultado la favorable acogida del dictamen en el Pleno del Congreso de la República y su posterior aprobación por unanimidad con la votación correspondiente a una ley con el carácter de orgánica.

En esa medida debemos destacar que el proceso se inició con el estudio conjunto de todos los proyectos que sobre la materia se encontraban en el Orden del Día de la Comisión de Ambiente, con el fin de analizar los elementos comunes y las eventuales diferencias que pudieron reflejarse en unos y otros. Esta etapa trajo como conclusión preliminar que eran más los elementos de coincidencia y, por lo tanto, la necesidad de un trabajo común se hizo más evidente.

Asimismo, el conjunto de los proyectos fue sometido a consulta ante los diferentes sectores del Estado con competencia en la materia y ante las organizaciones representativas de la sociedad civil, universidades, gremios profesionales, instituciones empresariales, organizaciones no gubernamentales y organismos comunitarios de base, entre otros, con el propósito de recabar opiniones técnicas. Esta parte del proceso fue extremadamente aleccionadora en la medida que el conjunto de dichos documentos representó las posiciones de un importante sector de la sociedad y de otro lado sirvieron de insumo para el trabajo realizado en la Comisión.

Otro elemento importante del proceso fue la invitación que se hizo a diversos expertos en materia de recursos naturales para presentar sus opiniones ante los miembros de la comisión, que tuvieron la oportunidad de realizar preguntas y en un proceso interactivo ampliar sus conocimientos en algunos aspectos del tema o discutir sus puntos de vista sobre otros. Los invitados se sucedieron de manera semanal durante toda la Legislatura y cada uno de ellos trató diversos aspectos, de acuerdo a sus especialidades y en función de los temas considerados esenciales para la dación de la ley.

En la misma medida, la Comisión consideró de especial relevancia la participación de la sociedad civil en el proceso de elaboración de la norma, a través de la realización de audiencias públicas en el interior del país con el propósito de recoger la opinión de las regiones, de acuerdo a las diversas realidades geográficas y ambientales del país. Este proceso se llevó a cabo en las ciudades de Piura e Iquitos en el mes de abril, habiéndose tenido que cancelar en razón del Pleno del Congreso de la República, la audiencia programada en la ciudad del Cusco. En dichas ciudades se contó con el apoyo de la Universidad de Piura y la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana las que prestaron la asistencia logística y humana necesaria para que estas actividades cumplieran con sus objetivos.

El resultado de todo este esquema fue la presentación del Proyecto de Ley Nº 2596-/96-CR, proyecto de consenso suscrito por los miembros de la Comisión de Ambiente, Ecología y Amazonía del Congreso, así como por otros Congresistas no miembros, tanto de la mayoría como de la minoría, convencidos de la importancia del tema para el desarrollo del país.

El siguiente paso previsto en el proceso de consulta fue la realización de una Conferencia y un Taller de Análisis con expertos de renombre internacional con el propósito de proceder al estudio final de la fórmula legal que habría de adoptarse en el Dictamen de consenso de la Comisión. La Conferencia tuvo la participación de los doctores Axel C. Douroujeanni, Antonio Andaluz Westreicher y José Juan González Márquez, los que contribuyeron con su opinión técnica al trabajo de los Congresistas.

Asimismo, los expertos mencionados participaron en la Sesión Extraordinaria convocada a efectos de realizar un Taller de Análisis con la participación de todos los miembros de la Comisión. Este Taller tuvo como principal resultado el consenso de los Congresistas sobre los puntos básicos contenidos en la ley y el tipo de regulación que debería darse sobre cada uno de ellos.

Posteriormente, en sendas sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión se procedió a la aprobación de la fórmula legal a ser presentada ante el Pleno del Congreso.

Consideramos especialmente importante resaltar el proceso descrito porque es una muestra de la voluntad de trabajo conjunto que se desarrolla en el Congreso de la República, y, más aún, de la posibilidad de diálogo y encuentro entre los diferentes grupos políticos representados.

En ese sentido el Pleno del Congreso de la República acogió de manera unánime el dictamen presentado, lo que consideramos un reconocimiento a la voluntad y esfuerzo desplegados por los miembros de la Comisión abocados en la tarea de trabajar en la dación de una norma legal estratégica para el Perú, en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible.

Ponemos a disposición de la ciudadanía, investigadores e interesados en general el proceso y sus resultados con el propósito de contribuir al mejor conocimiento de las labores legislativas, especialmente en campos tan nuevos e importantes como son los del ambiente y los recursos naturales.

Lima, julio de 1997